Rechazan subida de sueldos en el Congreso disuelto

Integrantes de la Comisión Permanente del Congreso disuelto, provenientes de diferentes grupos políticos, rechazan el intento de esta entidad del Estado de subir las remuneraciones a sus funcionarios a pocas semanas de las elecciones para renovar el Poder Legislativo.

Como reveló La República el último domingo 5, el Departamento de Recursos Humanos del Congreso disuelto propone aumentar el sueldo a 18 funcionarios alegando que esto repotenciará su labor. Algunos pasarían de ganar 8 mil soles a 10 mil, otros de 5 mil a 6 mil soles, entre otros incrementos.

En un informe, este departamento aduce “que el Congreso de la República es autónomo (...) y gobierna su economía y de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Constitución”, pese a la disolución de este poder del Estado.

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“No me parece lo más adecuado que en este período que el Congreso está terminando sus funciones se hagan este tipo de incrementos (…). De poder, puede hacerlo (aumentar sueldos) pero no me parece lo más adecuado”, aseveró Luis Iberico, de Alianza para el Progreso (APP), en diálogo con la prensa.

“Decisiones como esta no hacen sino favorecer a los sectores que cuestionan y atacan al Congreso. Especialmente a un gobierno que busca en el ataque al Congreso el alza de su aprobación. Hay que tener cuidado con estas cosas”, añadió luego.

“Lo correcto, prudente y político es que el próximo Congreso se encargue de oficializar un derecho que puede ser justo... Las personas involucradas deben explicar este intento. Nosotros podemos solicitar explicaciones”, comentó Edmundo del Águila, de Acción Popular.

“Estoy en total desacuerdo. No es la función de la Comisión Permanente subir sueldos. La Contraloría debe pronunciarse al respecto. ¿Qué habría detrás de esto? Es más que seguro que acomodar a su gente de polo naranja”, expresó Clemente Flores, de Peruanos por el Kambio.

“La única facultad (de la Comisión Permanente) es revisar los decretos de urgencia. Cualquier otra medida que se haga es ilegal y también es un abuso de autoridad”, resaltó Justiniano Apaza, del Frente Amplio.