Juez decide hoy si Keiko debe regresar a prisión

A partir de las 9:00 a.m. de hoy, jueves 26 de diciembre, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez buscará que el juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga Urday vuelva a imponer 36 meses de prisión preventiva a la excandidata presidencial por Fuerza Popular Keiko Fujimori Higuchi.

La tarea no será fácil, sobre todo que se le imponga el plazo máximo de prisión preventiva que ha solicitado. Hace un mes, Fujimori Higuchi recuperó su libertad, tras 13 meses de prisión preventiva, luego de que, por mayoría, el Tribunal Constitucional revocara una primera decisión judicial.

Aun si se cuestiona la validez del fallo del TC, la defensa pedirá tener en cuenta la sentencia en casación de la Corte Suprema que redujo de 36 meses a solo 18 meses la prisión preventiva de Keiko Fujimori, que dictó el juez Richard Concepción Carhuancho, el 31 de octubre del 2018.

Por último, si el juez prescindiera de ambos documentos, lo concreto es que Fujimori ya estuvo 13 meses en prisión preventiva, lo cual la defensa también pedirá tener en cuenta para cualquier decisión judicial que se tome hoy.

Sospecha grave

El arma principal del fiscal para esta audiencia serán las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht y los empresarios Dionisio Romero Paoletti, Vito Rodríguez y Manuel Gubbins Bovet que totalizan aportes por US$ 10,3 millones a las campañas de los procesos electorales del 2011 y 2016.

Eso le permitirá establecer la existencia de una sospecha grave de la comisión de los delitos de lavado de activos, asociación ilícita, organización criminal, obstrucción a la justicia, falsa declaración en proceso administrativo, fraude procesal y falsedad genérica, que requiere la prisión preventiva.

La Fiscalía sostiene que requiere el plazo máximo de medida restrictiva de libertad ante la existencia de los peligros de fuga y obstaculización. La Fiscalía ha desarrollado ampliamente este segundo punto, obstaculización, en el requerimiento ampliatorio que presentó hace un par de semanas.

Para sustentar esa obstaculización, la Fiscalía presentará las declaraciones ampliatorias de Jaime Yoshiyama Tanaka, Luis Mejía Lecca, Antonio Camayo, Willy Serrato y del expresidente del Congreso Daniel Salaverry sobre las acciones de Fuerza Popular en el Congreso, el Ministerio Público y Poder Judicial para obstruir las investigaciones.

Los puntos de la defensa

La sospecha grave no suele ser rebatida en demasía por la defensa. Los abogados se concentran en desvirtuar la existencia de un peligro real para el avance de las investigaciones.

Así, lo más probable es que la defensa argumente que la Fiscalía no ha dejado de realizar ninguna diligencia importante desde el 8 de marzo del 2016 cuando comenzó esta investigación, primero en etapa preliminar y, desde el 2018, en la etapa preparatoria.

Luego, el tema de obstaculización ya fue materia de debate por los órganos superiores, la Sala de Apelaciones, la Corte Suprema y el TC, en la anterior prisión preventiva, y en la demanda de hábeas corpus.

Al revocar la prisión preventiva, el TC señaló que el peligro de obstaculización de las investigaciones habían cesado con el cierre del Congreso, que le quitó a Fuerza Popular el control del Ejecutivo.

Un control que Fujimori Higuchi había utilizado para apoyar y defender al ex fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry y al exjuez supremo César Hinostroza, con el fin de afectar las investigaciones en la Fiscalía y el Poder Judicial.

El TC podría volver a intervenir

- Inmediatamente o unas horas después de concluir el debate público, el juez Víctor Zúñiga Urday dará a conocer su decisión. Tanto, si impone o rechaza la prisión preventiva, la Fiscalía y la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, pueden recurrir a la Sala de Apelaciones y, en casación, llegar a la Corte Suprema.

- Además, según fuentes judiciales, en caso de imponerse una nueva prisión preventiva, es probable que Loza pueda recurrir directamente al Tribunal Constitucional. La defensa de Fujimori puede alegar que todo este proceso es solo una forma de burlar la sentencia que liberó la prisión preventiva anterior. Un fallo que ha sido criticado por la Fiscalía.