El Estado se opone a la solicitud de arbitraje presentada por GyM
Gasoducto. El Perú dice que GyM no puede acudir al CIADI porque “no tiene legitimidad”, pues no fue parte del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano.
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El Estado peruano comunicó al CIADI su oposición al registro de la solicitud de arbitraje presentada por la constructora peruana Graña y Montero (GyM), señalando que esta no cumple con los requisitos jurisdiccionales para iniciar un arbitraje en dicha entidad.
Fuentes de la defensa del Perú indicaron a La República que GyM “no es parte del Contrato de Concesión del Gasoducto Sur Peruano, por lo que no tiene legitimidad para activar la cláusula de solución de controversia”.
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Además, que los procesos en CIADI solo están disponibles para controversias entre un Estado Miembro del CIADI y el nacional de otro Estado Miembro del CIADI, por lo tanto, una empresa peruana no puede presentar un reclamo en dicho foro. Igualmente, se indica que GyM plantea el arbitraje en contra de la voluntad expresada por el concesionario.
Entre tanto, Graña y Montero comunicó este hecho a la Superintendencia del Mercado de Valores. “Tras haberse agotado la vía de trato directo, la compañía presentó la referida solicitud de arbitraje para hacer efectivo el cobro de la deuda que mantiene el Estado a favor de Gasoducto Sur Peruano”, indica la carta.
Por su parte, José Graña informó que desde febrero del 2017 ya no forma parte del directorio de GyM.
Procedimiento
En las próximas semanas, la secretaria general del CIADI debe definir si admite a trámite la solicitud de arbitraje y se da inicio al proceso. GyM formó parte del consorcio que en febrero del 2013 se adjudicó la concesión para la construcción del Gasoducto del Sur Peruano, al lado de Odebrecht y Enagas.
La firma brasileña tiene el 55% del proyecto; Enagas, el 25%; y GyM, el 20%.
A mediados del 2017, la española Enagas presentó su solicitud de arbitraje ante el CIADI y ha cifrado en US$ 1,980 millones el perjuicio ocasionado por el Estado peruano, cuando en enero del 2017 decidió resolver el contrato.
La demanda de Enagas ya fue admitida a trámite y se han nombrado los arbitros: Diego P. Fernández-Arroyo (argentino y español), presidente, designado por acuerdo de las partes; Andrés Jana Linetzky (chileno), nombrado por Enagas; y Claus von Wobeser (mexicano y alemán), nombrado por el Perú.
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