¿Puede una mala persona ser buen juez?

Gran pregunta, que no es creación mía sino el título de un interesante artículo del profesor Jorge Malem de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Entre otras sabias reflexiones, Malem nos dice que “no es de extrañar que popularmente, en los corrillos judiciales, se suela decir que para ser un buen juez es necesario ser una buena persona y, si sabe derecho, tanto mejor”.

Parecería, sin embargo, que ese sabio enfoque no es lo que ha guiado el proceso de sustitución y rediseño del fracasado Consejo Nacional de la Magistratura, mucho más engorroso y dilatado en el tiempo de lo que cualquiera podría haber imaginado. Desde que fue disuelto el CNM en julio del año pasado ha pasado ya un año y medio sin que el país cuente con un mecanismo institucional de selección y evaluación de jueces y fiscales. Con la designación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ad portas, ese vacío estaría a punto de ser cerrado. Al menos en el plano formal.

¿Generará este nuevo sistema los jueces y fiscales que se necesitan? Hasta el momento todo lleva más a un creciente escepticismo que al entusiasmo con las discutibles modificaciones normativas e institucionales producidas. Es muy tarde ya para añadir algún comentario o idea sobre cómo podría haberse avanzado de manera más sólida y expeditiva. Lo dejo allí.

Inevitable, sin embargo, mencionar la que creo es la debilidad central de la ley 30916 sobre la JNJ dictada en febrero para reemplazar al CNM: un enfoque “tecnocratizante” y farragoso en el que se perdió de vista que la naturaleza y objetivo de la JNJ no era seleccionar técnicos o especialistas en alguna rama, como la ingeniería o la contabilidad, sino jueces y fiscales de cuya actividad dependen el curso de la vida de miles –o millones– de personas e instituciones. En lo que, por cierto, cuenta que sean técnicamente competentes, pero, principalmente, honorables en sus ideas y comportamiento, tanto público como privado. Parafraseando a Malem, si saben derecho… mucho mejor.

Un juez o fiscal cuya conducta y concepciones colisionan con códigos morales de respeto a los derechos de los demás o con los principios democráticos, no podrá serlo ni debería ser alguien a quien se le asigne esa responsabilidad. No es irrelevante la calificación técnica, sino porque pesan más las éticas y conceptuales. Malem anota, por ejemplo, que alguien de “comportamiento impropio” sería quien “pertenece a asociaciones racistas, antidemocráticas o anticonstitucionales”.

Por eso es que es tan discutible el procedimiento engorroso que se diseñó en la ley y puso en marcha luego para escoger a los integrantes de la JNJ. Se perdió de vista que lo que se necesitaba era una instancia con siete personas honorables, con convicciones democráticas sólidas y de trayectoria personal o académica reconocida para escoger, a su vez, a buenas y honorables personas, profesionalmente calificadas, para que integren la judicatura.