Candidatos con procesos legales buscan una curul

Varios candidatos que buscan representar a Piura en el próximo Congreso de la República presentan una serie de antecedentes policiales, denuncias por alimentos y hasta sentencias por actos de corrupción.

El ex gobernador regional y ahora candidato por el partido Perú Patria Segura, Javier Atkins Lerggios, fue recientemente condenado por el Poder Judicial a 4 años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible al contratar a la empresa de su sobrino político cuando ostentó ese cargo.

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Asimismo se conoció que el candidato de Avanza País, José Feria Madrid, presenta varias investigaciones por presunta usurpación y daños en terrenos ubicados en el distrito de Veintiséis de Octubre.

Otro candidato investigado por el Ministerio Público es el exalcalde de Paita, Reymundo Dioses Guzmán, quien es acusado por el presunto delito de colusión agravada en perjuicio a la municipalidad de Colán.

En ese contexto, el candidato del partido Somos Perú, Wilmar Elera, es investigado por presunta colusión en agravio de la municipalidad de La Unión.

En las investigaciones de la Fiscalía tampoco se salva Angélica Palomino Saavedra, del Partido Morado, al presentar un proceso en su contra por incumplimiento de deberes funcionales, al igual que el candidato Javier Quispe Juárez, de Alianza Para el Progreso.

Que defina el Jurado

Para el abogado penalista Percy Ipanaqué Navarro, el Jurado Electoral Especial de Piura aún está a tiempo de emitir los filtros correspondientes a los candidatos que han sido sentenciados y quienes han mentido en su hoja de vida.

Aseveró que, según la norma, personas sentenciadas por delitos dolosos no están permitidas de participar en la actual contienda electoral. En ese sentido precisó que la población debería observar la participación de estos aspirantes.

“Resulta cuestionable que alguien sentenciado por corrupción esté participando. Incluso, cuando es tema de negociación incompatible. Algo muy grave. Ahora con las personas que están investigadas, no se le puede prohibir nada porque hay una presunción de inocencia, ya la población se encargará de evaluar esta participación”, expresó Ipanaqué.