Roberth Orihuela Q.
Una tensa reunión se vivió ayer en el auditorio del municipio distrital de Cocachacra (Islay) entre los agricultores, autoridades del valle de Tambo y representantes del Gobierno.
Los agricultores del valle de Tambo, que ya llevan más de 100 días de protesta, condicionaron la llegada del presidente Martín Vizcarra Cornejo al retiro de la policía, además de la cancelación del proyecto minero Tía María.
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Por su parte, el prefecto de Arequipa, Carlos Mantegazza, pidió la creación de una comisión de monitoreo para evitar el inicio de operaciones de la mina.
No hubo consenso, y al final las cosas quedaron como siempre: el valle sigue en protesta.
La cita en el valle de Tambo inició alrededor de las 9.00 de la mañana. En esta estuvieron, además del prefecto, alcaldes y representantes de los agricultores.
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Los hombres de campo, liderados por el presidente de la Junta de Usuarios del valle de Tambo, Jesús Cornejo, pedían que el presidente ordene el retiro de los efectivos policiales apostados en Mollendo y en la zona de El Fiscal, en el cuartel de Chucarapi.
Cornejo indicó que la policía estaba agrediendo a los pobladores y transeúntes del valle. Agregó que es la misma policía la que prohíbe el tránsito de la población.
Por su parte, el prefecto Mantegazza pidió a los pobladores tranquilidad. “¿Cómo vamos a invitar al presidente si lo van a insultar?”, dijo. También aceptó que el Gobierno ha estado alejado del valle de Tambo y prometió que se harán más proyectos. Aún así, pidió que se espere el camino legal antes de seguir paralizando, porque los únicos afectados son los agricultores.
Al final de la cita, no hubo consenso. Al prefecto sólo le quedó decir que “el presidente tiene las puertas de palacio abiertas para que las autoridades del valle vayan a conversar”.
En tanto, funcionarios del gobierno regional brindaron conferencia de prensa para refutar las críticas sobre la resolución ejecutiva 477. Esta admite parcialmente la apelación de Southern respecto al derecho de servidumbre de 49 hectáreas que le otorgó la gestión de Yamila Osorio en Pampa Cachendo.
El asesor legal Walter Paz indicó que habría un error en la interpretación del Consejo de Minería. Aseguró que por ningún extremo se devuelve la servidumbre a Southern. Es más, indican que ya se pidió que la empresa devuelva los terrenos, y la Región les reembolsará el dinero que pagaron.
Por su parte, el congresista Justiniano Apaza señaló que los funcionarios solo crean más confusión. Pidió que sea el gobernador Elmer Cáceres el que dé la cara y explique los alcances de la resolución que firmó.
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo indicó que existe una distancia entre los actores del conflicto. Ante ello, dice que es necesario construir una voluntad de diálogo haciendo cambios positivos y visibles en la vida de los pobladores de Tambo.
Asimismo, pide se desarrolle proyectos para mejorar el sector agrícola, educativo, además de la generación de opciones técnicas y profesionales para los jóvenes de Islay.