Principales obras paralizadas son de las empresas del Club de la Construcción

De las 867 obras públicas paralizadas o abandonadas, la que involucra el mayor monto de inversión es la construcción de la central hidroeléctrica Cumba 4, ubicada en Amazonas, a un costo de más de 3 mil millones de soles. No se ha avanzado nada porque la empresa designada, Contratista Marañón Energía, pertenece a la brasileña Odebrecht, virtualmente inactiva por el escándalo de corrupción Lava Jato.

Con el Decreto de Urgencia 008-2019, que dispone la reactivación de la ejecución de las obras públicas incompletas por distintas razones -fallas técnicas, incumplimientos y arbitrajes, especialmente-, el Ejecutivo se ha propuesto que los organismos a cargo adopten medidas para concluir dichos proyectos.

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Entre las obras que no se han iniciado, y las que no se han finalizado, suman más de 16 mil 870 millones de soles.

El proyecto de irrigación Majes-Siguas II, ubicado en Arequipa, que cuenta con un presupuesto de 1,200 millones de soles, solo avanzó en 14%. Esta obras le fueron asignadas al Consorcio Angostura Siguas, compuesta por Cosapi, empresa involucrada en el caso Club de la Construcción, por lo que ha solicitado acogerse a la colaboración eficaz.

Si bien el Decreto de Urgencia 008-2019 permite que las entidades públicas que contrataron las obras “emitan disposiciones complementarias para la elaboración de formatos e instrumentos de carácter operativo” para la reacción de la ejecución del proyecto, la norma establece que la Contraloría se encargará de la supervisión de “todas las obras públicas paralizadas cuya ejecución se reactive en el marco” del indicado decreto.

En el plazo de 30 días, todas las entidades que están a cargo de obras públicas pendientes de ejecución deberán reportar sobre la situación de las mismas ante la Contraloría General de la República, para tomar acciones inmediatas. Hasta antes de la emisión del Decreto Supremo 008-2019, los funcionarios públicos no estaban obligados a hacerlo.

La Vía Expresa Sur es la tercera obra pública más cuantiosa que no ha avanzado. Con un presupuesto que supera los 532 millones de soles, la empresa seleccionada fue Graña y Montero, pero debido a su involucramiento en el escándalo del caso Lava Jato, el alcalde Jorge Muñoz resolvió no continuar con esa empresa.

El proyecto de irrigación e hidroenergético del Alto Piura, a un costo de 474.7 millones de soles, se estancó cuando solo se había cumplido con el 18% de la obra. El consorcio designado para la ejecución está conformado por Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa), otra de las compañías que ha requerido a las autoridades acogerse a la colaboración eficaz, debido a su implicación en el caso del Club de la Construcción.

El corredor vial Lima-Canta-Huayllay -que involucra a Lima, Junín y Pasco-, a un costo de 463.7 millones de soles, se ejecutó hasta el 50%. Dos de los componentes del Consorcio Vial Huallay, Conalvias Construcciones y Johesa, son investigados por el Equipo Especial Lava Jato también por su presunta implicación con el Club de la Construcción.

La carretera Puerto Bermúdez-San Alejandro, con un presupuesto de 444.8 millones de soles, se quedó en el 98% de ejecución. Tres miembros del Consorcio Vial Von Humboldt, al que se le adjudicó el proyecto, también se encuentran relacionados con la investigación al Club de la Construcción: Málaga Hermanos, San Martín Contratistas Generales y Johesa.

Otro proyecto cuantioso, la carretera Lima-Canta -con un presupuesto de 433 millones de soles-, llegó hasta el 96% de la ejecución. El contratista Consorcio Vial Santa Rosa, conformado por OAS, Mota Engil y Upaca, son parte de la investigación al Club de la Construcción. Lo que permite concluir que los escándalos de corrupción motivaron la paralización de las más importantes obras públicas.