El Equipo Especial y la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato podrían pedir al Poder Judicial limitar los derechos del Partido Nacionalista Peruano y Fuerza Popular en las elecciones del 2020 y 2021. La Fiscalía considera que ambas agrupaciones políticas son organizaciones formadas para cometer graves crímenes de corrupción y lavado de activos.
De esta posibilidad ya empieza a hablarse en las audiencias de los procesos que se siguen al expresidente Ollanta Humala y la excandidata presidencial Keiko Fujimori por lavado de activos.
Así, el próximo 7 de junio, el juez del 4° Juzgado de Investigación Preparatoria, Víctor Zúñiga Urday, evaluará la incorporación del partido fujimorista Fuerza Popular en el caso de los cócteles, con lo que se habría encubierto los millonarios aportes de Odebrecht.
Si el juez acepta la incorporación de Fuerza Popular al proceso penal, a continuación la Fiscalía o la Procuraduría podría pedir que se adopten “consecuencias accesorias” como su disolución, imposición de una multa (desde S/ 21 mil hasta S/ 1’260 000) o la suspensión temporal de sus actividades, incautación de sus cuentas bancarias y vehículos.
Ayer circuló la versión de que se pedirá la suspensión temporal de Fuerza Popular por los próximos tres años, lo que le impedirá participar en las elecciones de enero del 2020 para renovar el disuelto Congreso y en las elecciones generales del 2021.
"No se puede hablar de ello (una suspensión temporal) hasta cuando exista una sentencia condenatoria”, explicó a La República el abogado de Fuerza Popular, Juan Alarcón Caycho. Subrayó que este caso aún está en etapa de investigación preparatoria.
El fiscal Pérez indica que el Acuerdo Plenario 1-2017 ha reconocido que un partido político “sí constituye una organización criminal en tanto los dirigentes se aparten del derecho y creen una organización criminal con estructura propia”, lo que permitiría adoptar medidas temporales, para evitar que se sigan cometiendo actos ilícitos o se cometan nuevos crímenes.
El fiscal Germán Juárez Atoche ya ha pedido la disolución del Partido Nacionalista Peruano, en la acusación que presentó contra el expresidente Humala, su esposa Nadine Heredia y colaboradores en mayo pasado.
Juárez Atoche considera que el Partido Nacionalista Peruano fue instrumentalizado durante las campañas del 2006 y 2011 para cometer delito de lavado de activos y que existe un alto riesgo de que esto pueda volver a ocurrir.
El viernes 25 de octubre, al absolver algunas observaciones a la acusación, Juárez le pidió al juez Richard Concepción Carhuancho la incautación definitiva de las cuentas bancarias y vehículos del Partido Nacionalista.
Dicho pedido sorprendió a la defensa de Humala, pues ya existe una orden cautelar de incautación de las cuentas y bienes.
El fiscal “está incluyendo una nueva pretensión que es el decomiso de las cuentas y bienes que están a nombre del Partido Nacionalista y con esto se está afectando derechos fundamentales”, indicó Pariona.
“Se ha pedido el decomiso porque hay elementos de prueba que indican que esos bienes fueron adquiridos con dinero ilícito proveniente del lavado de activos. La disolución es la única medida que garantiza que el Partido Nacionalista no vuelva a cometer delitos”, enfatizó el fiscal. Juárez también ha pedido la disolución de Todo Graph y el decomiso definitivo de sus equipos de impresión.
● “Somos el único partido político impedido de utilizar sus cuentas bancarias para actividades políticas y electorales. Pedido de disolución del Partido Nacionalista Peruano y decomiso de sus cuentas vulnera el derecho fundamental a la participación política de más de 230 mil militantes a nivel nacional”, señaló el expresidente Ollanta Humala, a través de sus redes sociales.
La Fiscalía pide el decomiso definitivo de cuentas del Partido Nacionalista, en camino a su disolución por lavado de activos.
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