Puno: dictan 36 meses de prisión para exalcalde de Azángaro
Juez ordenó medida para exautoridad de Azángaro y otras seis personas. Efraín Murillo pasó a la clandestinidad y es investigado por el presunto de lavado de activos.
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Kleber Sánchez
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Azángaro dictó prisión preventiva por 36 meses para el exalcalde de la Municipalidad Provincial de Azángaro, Efraín Murillo Quispe, y otros seis investigados. El magistrado Santos Poma Machaca varió la situación legal de los siete, de comparecencia restringida simple a prisión.
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El requerimiento lo formuló la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, con sede en la provincia de San Román, Juliaca.
La medida se computará a partir del día en que los imputados sean capturados, para que sean internados en los establecimientos penitenciarios de la región de Puno, mientras duren las investigaciones del caso.
El juzgado ofició a la Policía la orden de requisitoria a nivel nacional en contra de Murillo y los imputados Marleni Condori Calla, Juan Murillo Quispe, Alicia Condori Calla, Fredy Catacora Yucra y Royer Pacori Quispe.
Trascendió que el exalcalde Efraín Murillo pasó nuevamente a la clandestinidad ante la resolución judicial, convirtiéndose así en un prófugo de la justicia.
Mientras que, para los acusados Avelino Almonte Cutipa y Flora Benegas Quispe, el juez Santos Poma declaró infundado el requerimiento de variación de comparecencia simple a prisión preventiva.
Efraín Murillo es investigado por presunto delito de lavado de activos, luego de que se apoderara presuntamente de dinero proveniente del municipio de Azángaro. Para “blanquear” el dinero, habría adquirido inmuebles en las ciudades de Juliaca, Azángaro y Arequipa, a nombre de familiares y terceras personas.
Meses atrás, un equipo de fiscales de Arequipa y Puno logró allanar varios inmuebles que pertenecerían a la exautoridad.
La investigación está en curso. Incluso se denuncio tráfico de influencias en la Fiscalía para frenar la investigación contra la exautoridad.
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