El informante: El cobrador eficaz, por Ricardo Uceda
Esta semana la jueza María Álvarez debe decidir si el Estado devuelve a Odebrecht S/ 524 millones de la venta de una hidroeléctrica. El desenlace tiene delicadas consecuencias políticas y judiciales.
Por: Ricardo Uceda
El 19 de junio, en la conferencia de prensa que el Equipo Especial de Lava Jato anunció la homologación por el Poder Judicial del acuerdo de colaboración que suscribió con Odebrecht, Gisú Guerra, de Willax TV, preguntó:
–Hay la información de que la casa matriz de Odebrecht está a punto de quebrar. Si la subsidiaria del Perú falla, ellos tendrían que pagarnos. ¿Cómo cree usted que podría hacerlo si está a punto de quebrar?
Respondió en primera instancia el procurador ad hoc para el caso, Jorge Ramírez, detallando los montos que la empresa pagaría como reparación civil: 610 millones de soles en 15 años, más los intereses a partir del año 16. Luego el fiscal coordinador, Rafael Vela, se refirió a la estabilidad de Odebrecht. Afirmó que la noticia sobre su quiebra no era exacta, aunque ciertamente afrontaba una crisis económica. En Brasil, dijo, se había iniciado un proceso de reestructuración para preservar el patrimonio de una de las compañías del holding, no una declaratoria de insolvencia o quiebra. Vela añadió que la sentencia que homologaba el acuerdo de la fiscalía con Odebrecht contenía suficientes mecanismos de garantía no solo para asegurar el pago de la reparación civil sino los gastos logísticos –viajes, soporte documentario– que requiriera su colaboración con la justicia peruana. No dijo cuáles.
“Sin restricciones”
Ha pasado un poco más de tres meses de aquella exposición, y va quedando en evidencia que no solo el pago de la reparación civil está en duda –algo secundario en la estrategia de los fiscales, que privilegia la búsqueda de la verdad–, sino la propia colaboración. El Estado podría quedarse sin soga y sin cabra.
En la exposición de junio quedó claro que tanto los fiscales como el procurador conocían que la estabilidad de Odebrecht peligraba. El procurador Ramírez, al referirse a su “grave situación económico financiera”, justificó que se le devolviera 524 millones de soles de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla. Dijo que sin acuerdo Odebrecht no hubiera recibido un sol de esta operación, y que tampoco el Estado habría obtenido que colaborara en las investigaciones. En fin, el mensaje de los negociadores peruanos fue que la reparación civil era una cantidad razonable que Odebrecht podía pagar sin irse a la quiebra, que el sacrificio del dinero de Chaglla fue necesario para llegar a un acuerdo, y que la crisis de la empresa no debía preocuparnos.
Pero a los pocos días, como se sabe, se conoció que la jueza María Álvarez dispuso un condicionamiento que podía hacer inejecutable la devolución. Para que procediera la fiscalía debía acreditar que no existían “otras investigaciones” contra Odebrecht al margen de las cuatro que hacían parte del pacto. Era, dijo la jueza, para asegurar el pago de la reparación civil por delitos no previstos en el acuerdo. Muy razonable.
Los fiscales y el procurador no revelaron esta salvedad cuando salieron a homenajear la homologación. Al contrario. “El acuerdo ha sido aprobado sin ninguna excepción ni restricción”, dijo Vela. Quizá no habían leído bien la sentencia. Pero luego el Ministerio Público y Odebrecht dejaron pasar el plazo de apelación sin presentar algún recurso. La situación quedó como una bomba de tiempo.
Sin plata, nada
Fue entonces cuando trascendieron las diferencias entre Ramírez y los fiscales. El procurador interpretó que había “otras investigaciones”, lo que, si es asumido por la jueza, bloquea la devolución. La discrepancia duró hasta la semana pasada, cuando se vio a Ramírez defendiendo sin reservas el reembolso, en un contexto de emergencia: uno de los mayores acreedores de Odebrecht había pedido su quiebra, la empresa no tenía dinero para cubrir sus gastos de colaboración judicial en Perú, fue imprecisa la identificación de más políticos que habrían recibido aportes. La cosa quedó así: pagan lo de Chaglla o no hay colaboración. El festival de “codinomes”, postre perfecto después del cierre del Congreso, tuvo que ser aplazado.
Existen dos opciones problemáticas. Si la jueza acepta devolver, supuestamente vendrán la verdad y la justicia. Pero ni el más creyente acuerdista puede asegurar que con ese dinero la empresa –que debe US$ 25 mil millones en Brasil– seguirá financiando su colaboración. Por otro lado, se expandirá la percepción de que la fiscalía benefició a Odebrecht a cambio de ajusticiar a los enemigos del gobierno, que han venido cayendo uno a uno con las oportunas delaciones de Jorge Barata. No es cierto que solo los corruptos objetan la devolución. Asumiéndola impopular, el presidente Martín Vizcarra opinó que lo más prudente era retener el dinero de Chaglla. El abogado César Azabache, autor de críticas aprobatorias de la labor del Equipo Especial, ha opinado lo mismo. Un motivo: la inestabilidad de las cifras de los sobornos reconocidos por Odebrecht hasta ahora, en continuo crecimiento.
Patito feo
Si la jueza rechaza el pago, se perjudicará la investigación, pues la fiscalía depende altamente de Odebrecht. La empresa no podrá alegar incumplimiento del acuerdo, porque no impugnó la sentencia. En cualquier caso, el monto de la reparación civil –el patito feo de la negociación– podría crecer más del doble por los nuevos procesos, pero parece que ya nadie espera que esto se pague. Es visible la preocupación en el rostro del procurador ad hoc. A diferencia de los fiscales, que tienen amplia discrecionalidad para otorgar beneficios penales, él debe cumplir la ley que asegura el pago inmediato de reparación civil de las empresas. La Procuraduría Anticorrupción lo acusó de violarla. Según la denuncia, Ramírez aprobó ilegalmente que Odebrecht recibiera los fondos de Chaglla antes de pagar el íntegro de la reparación.
