El Juzgado Penal Colegiado de Puno determinó sentenciar por 6 años al gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, por el caso ‘Aymarazo’.
El funcionario es acusado de ser coautor no ejecutivo de delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios. Actualmente, se encuentra prófugo de la justicia.
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En 2011, la población aymara tomó varios sectores de Puno como señal de protesta de una decisión del gobierno de Alan García a través de un decreto: permitir -de forma excepcional- que una empresa canadiense minera pudiera trabajar en una zona prohibida.
Las manifestaciones produjeron robos y daños a empresas privadas y establecimientos públicos como la Sunat, Contraloría y Aduanas.
Walter Aduviri ha venido negando durante años que los pobladores a los que él animó a protestar hayan sido los responsables de esos disturbios; no obstante el Poder Judicial lo ha encontrado responsable.
A su turno, la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza mostró su respaldo a Walter Aduviri, indicando que el derecho a la protesta es primordial en una democracia.
“La libertad de expresión y el derecho a la protesta son esenciales en democracia. El Estado no va a resolver los conflictos socioambientales criminalizando a líderes y ciudadanos que protestan sino mejorando los mecanismos de diálogo y democratizando la planificación territorial”, manifestó Verónika Mendoza en su red social.
El partido Nuevo Perú también compartió a través de su cuenta de Twitter un corto mensaje en el que apoya al funcionario de Puno.
“Rechazamos la represión y criminalización a ciudadanos que ejercen su derecho a protestar contra la imposición de cuestionados proyectos mineros en sus territorios. Casos de Walter Aduviri y otros líderes sociales en Cusco y Arequipa son ejemplo de esta práctica antidemocrática”, se lee en el escrito.