Alejandro Toledo: extradición al Perú tardaría mínimo dos años, estima Nakazaki

El expresidente Alejandro Toledo podría permanecer en los Estados Unidos al menos un par de años más, fue lo que calculó el abogado penalista César Nakazaki este jueves.

El letrado consideró que el proceso de extradición del Alejandro Toledo podría demorarse en el país del norte, para lo cual tomó como antecedente el caso del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, quien era requerido por la justicia panameña por los presuntos delitos de corrupción y espionaje.

Nakazaki consideró también dos escenarios en los que el expresidente Toledo podría ser extraditado al Perú en menos tiempo. A su parecer, el letrado consideró que el primer escenario se daría si el ex jefe de Estado cayera en"problemas financieros, porque los procesos son muy costosos".

"Y lo otro que Estados Unidos le baje el dedo”, mencionó el abogado. Sin embargo, también reconoció que el caso de Toledo "es más complejo [que el de Martinelli]”.

Por otro lado, Nakazaki señaló que el argumento de la prescripción de los delitos que se le imputan a Alejandro Toledo, estrategia que esboza la defensa del exmandatario, será analizado “en dos niveles", tanto en Estados Unidos como en el Perú, Sin embargo, resaltó que si la justicia estadounidense determina que los delitos por los que se investiga a Toledo, están prescritos, “la extradición no camina”.

“El tratado de extradición con los Estados Unidos tiene una precisión. [El delito] tiene que estar prescrito para el mismo país. Esa es una diferencia con otros tratados”, señaló Nakazaki.

No obstante, el abogado explicó que no cree que se considere la prescripción de los delitos debido a que el trámite de la extradición “ha pasado el nivel administrativo y hay arresto preextradición”.

Además, Nakazaki señaló que “en Estados Unidos no es tan fácil que prescriba un caso”.

"No es tan regalón con la prescripción Estados Unidos”, señaló el letrado.

Alejandro Toledo, cabe recordar, se encuentra en los Estados Unidos desde enero del 2017. En su contra pesan dos mandatos de prisión preventiva, los cuales se enmarcan en las investigaciones por el caso Odebrecht y por el caso Ecoteva se le siguen. Además, el Ministerio Público ha solicitado 16 años y 8 meses de prisión por el segundo.