*Mujeres valientes

En Lima vivimos de espaldas a muchas de las realidades concomitantes en nuestro vasto y rico país. En Lima vivimos de espaldas a las luchas de mujeres defensoras de derechos, valientes y justicieras que son agredidas no solo por la indiferencia de los medios tradicionales sino por nuestra indolente invisibilización y desinformación cotidiana.

Entre el 2002 y el 2014 al menos 57 personas defensoras de derechos humanos y del ambiente fueron asesinadas en el Perú, según *Global Witness (2014). La mayor parte de estas muertes se produjo en el transcurso de disputas por tierras o por mineras y tala ilegal. Decenas de otras son ajochadas mediante la criminalización de sus actos de defensa. De esta manera se usa el sistema judicial como arma de persecución contra estas mujeres.

Contra ellas se ejercen ataques diferenciados por su condición de mujeres *(CNDDHH, 2018). Es decir, se ejecutan ataques en los que se usa su sexualidad para desprestigiarlas y para intentar su aislamiento social; sufren agresiones sexuales y tocamientos indebidos durante los operativos policiales y mientras permanecen en centros de detención; se usa su maternidad como excusa para intentar controlarlas y se promueve la dominación masculina del entorno para procurar que la presión las haga desistir de su activismo como defensoras. Se les presiona socialmente difamándolas con rumores sobre su sexualidad y poniendo en cuestionamiento sus roles como madres y esposas.

Durante las protestas estas mujeres son golpeadas, algunas incluso violadas, y muchas de ellas criminalizadas mediante las denuncias por delitos que no han cometido. Se les acusa de terroristas o agitadoras y se les estigmatiza social y mediáticamente *(Observatorio OMCT-FIDH, 2018)

Todo lo arriba señalado constituye lo que llamamos violencia de género, en este caso ejercido en contra de mujeres defensoras de derechos. La mayor parte de ellas son defensoras de la tierra, territorios y del medio ambiente.

Máxima Acuña, Cajamarca, Premio Goldman 2016; Liz Chicaje Churay, comunidad nativa Boras de Pucaurquillo, Loreto, Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho; Flor de María Paraná, comunidad Kukama Cuninico, Loreto; Karen Shawiri López, Ergilia Rengifo López y Juana Ríos son las primeras mujeres ashaninkas líderes en su comunidad, Alto Tamaya-Saweto, Pucallpa, y tantísimas más que a diario sufren vejaciones y amenazas y el más absoluto abandono de parte del Estado peruano. Amnistía Internacional lleva a cabo “Valiente”, una campaña mundial de defensa a las defensoras, porque el fenómeno de violencia de género contra ellas es a escala global.

En el Perú el Congreso fujiaprista tiene aguantada la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú, un acuerdo internacional sobre participación pública de las defensoras, acceso a información y de justicia en materia ambiental. Se necesita con urgencia también que el Estado implemente un sistema oficial de registro de estas denuncias; un mecanismo de protección de las defensoras y campañas de reconocimiento público de su legitimidad, aporte y valía.

Los medios masivos de comunicación deberían esforzarse en ser menos limacéntricos y falocéntricos, y representar mejor las problemáticas de fuera de la capital y de las mujeres defensoras de derechos humanos. Mientras que los medios de comunicación locales que juegan vergonzosamente a favor de las empresas extractivas y de los poderes políticos regionales o locales que contratan sus espacios, deberían revisar su código de ética periodística y los colores de su bandera, que ya no es la rojiblanca.

*Datos de Amnistía Internacional y Amnistía Perú