“Si este gobierno sigue el mismo programa neoliberal de hace 25 años, tendrá problemas porque no existen compartimentos estancos entre democracia, lucha contra corrupción, mejores instituciones y una mejor calidad de vida de la gente”.,¿Sabía usted que el Perú cuenta con una Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) de 13.000 kilómetros ya construida por el Grupo Azteca, a un costo de US$ 325 millones, y que conecta las 25 capitales de Región en todo el país? Esa red es capaz de proveer Internet con banda ancha a más de 1.500 distritos del país (el 82% del total, sobre todo rurales) y permitir que millones de usuarios eleven su productividad y competitividad, tema central del Plan Nacional que el gobierno acaba de aprobar. Sin embargo, su pleno desarrollo y, sobre todo, el acceso a las zonas rurales está trabado por problemas de diseño y temas regulatorios. Increíble. Antes, veamos algunos temas relevantes. Primero está el gran impacto económico. Un estudio del BID concluye que la contribución de Internet al PBI de los países en desarrollo es, en media, de un 1.9% y de un 3.4% en los países desarrollados. Es bastante. Segundo, hay que cerrar la brecha digital, es decir, la capacidad-posibilidad de acceso a Internet por los ciudadanos. Está probado que la brecha en el acceso y uso de las tecnologías de información y del conocimiento (TIC) se da a nivel geográfico (costa, sierra y selva), así como socio económico (los de mayores ingresos tienen más acceso), en las dimensiones de género y las desigualdades étnicas y culturales. Tercero, América Latina ha avanzado en los últimos años y el Perú también, aunque menos. El avance se ha dado, sobre todo, con la telefonía celular, que en el Perú ya tienen 30 millones de usuarios. También se ha avanzado en las grandes ciudades en el Internet de las Cosas, orientada básicamente al consumo: compras en línea, delivery, taxis con Apps, alojamiento AirBnB, entre otros. Ahora a nivel internacional se trata del Internet de la oferta, donde los algoritmos, la inteligencia artificial y las impresoras 3D no solo “entienden” las TIC sino que la crean y reproducen. Allí la brecha digital entre países industrializados y los nuestros es abismal. Interesa que la banda ancha llegue a los distritos más pobres y al Estado que, mal que bien, está en todo el país: banda ancha en los colegios, las postas de salud, comisarías, poder judicial, lo que les permitiría conectividad directa e inmediata para cursos de educación, atenciones de salud a distancia, monitoreo de pacientes. También en las MYPES para fomentar la asociatividad y la competitividad (volveremos en un próximo artículo). Para ello, Proinversión ya licitó redes regionales a diversas empresas por un total de US$ 1.602 millones (falta la Selva). US$ 357 millones para Tumbes, Piura, Cajamarca y Cusco. US$ 346 millones para Lambayeque, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, US$ 291 millones para Junín, Puno, Moquegua y Tacna; US$ 250 millones para Amazonas, Ica y Lima y US$358 millones para Áncash, Arequipa, La Libertad, Huánuco, Pasco y San Martín. Aquí han surgido los problemas pues en todas las capitales de provincias, Movistar, Claro, Bitel, Entel y otras, tienen banda ancha. Dice Montes de Peralta, del Grupo Azteca: “cuando se planteó el proyecto hace 5 años, se estimó que la oferta comercial privada usaría la red dorsal, lo cual no ha sucedido, es decir que alquilarían la red en lugar de desplegar una propia”. Hay un “descreme” de la demanda en las provincias por los que “llegaron antes” y pocos incentivos para ir a zonas rurales. Segundo tema: Azteca vendería muy caro el Mbps (byte por segundo). Azteca dice que ese es el precio pactado en el contrato que, además, no le permite rebajas “por volumen”. Por tanto, los operadores no le quieren comprar. Un tercer tema, ligado al anterior, es el diseño del contrato: El Estado garantiza la Remuneración por Inversiones y la Remuneración por Operación y Mantenimiento (RPMO). Dice Rafael Muente, de Osiptel, que en el 2017 “se han pagado US$ 40 millones a Azteca, que prácticamente no han servido para nada” (Gestión, 11/09/18). Dicho de otro modo: esta APP –como casi todas- está diseñada para que Azteca gane, venda o no venda. La cosa hasta ahora no tiene arreglo: hay propuestas de alternativas y adendas diversas pero nada. Hace poco Virginia Nakagawa, viceministra del MTC, dijo que hasta se le pondría comprar el contrato a Azteca. El tema de fondo es que el acceso a Internet debiera ser un servicio público, como en el Estado de Nueva York. Otorgar concesiones tipo APP en banda ancha no permite cumplir los objetivos: se convierte en pelea de privados, no hay inclusión social y la brecha digital se agranda. Finalmente, en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad del gobierno, aprobado “a la rápida”, la RDNFO brilla por su ausencia. ¿Qué dirán los gobiernos regionales? Si este gobierno sigue el mismo programa neoliberal de hace 25 años, tendrá problemas porque no existen compartimentos estancos entre democracia, lucha contra corrupción, mejores instituciones y una mejor calidad de vida de la gente.
