Secretaria personal de Keiko Fujimori sabía de entregas de dinero para Rolando Reátegui
Caso Keiko Fujimori / Expediente 12 | Después que el fiscal José Domingo Pérez reveló que Carmela Paucará Paxi estaba enterada de las falsas aportaciones para la campaña presidencial de su jefa directa, ella descartó que se acogería a la confesión sincera y que está dispuesta a ir a la cárcel por 36 meses. Paucará también guardaba documentos relacionados con investigaciones fiscales contra el presidente Martín Vizcarra.
Pasaba inadvertida e incluso dijeron que nada sabía cuando la detuvieron por unos días. La secretaria personal de Keiko Fujimori fue arrestada el 15 de octubre junto con su jefa un día después que el congresista fujimorista Rolando Reátegui Flores formuló su primera declaración ante el fiscal José Domingo Pérez. Por la sindicación de Reátegui, Pérez ha requerido prisión preventiva para Paucará.
El legislador fujimorista Rolando Reátegui narró al fiscal Pérez lo siguiente sobre Carmela Paucará, de acuerdo con las actas de sus manifestaciones obtenidas por La República:
Carmela Paucará sabe quién entraba y salía del local de la calle Bucaré, y actualmente viene realizando esa función en el local de la calle Morochucos 140, Urbanización Santa Constanza, en Surco. Carmela Paucará es la persona que puede corroborar (la identidad de) las personas con las que se reúne Keiko Fujimori, porque ella le lleva un control de sus citas que sostiene desde esos años. Carmela Paucará portaba en su computadora fija PC y en un (teléfono móvil personal los registros de las citas y reuniones que sostenía Keiko Fujimori Higuchi. Y las otras citas que no son oficiales las anotaba en una Agenda que era un papel que lo destruía.
El fiscal Pérez sustentó el requerimiento de detención preventiva de Carmela Paucará porque franqueaba el acceso a Keiko Fujimori a las personas que esta autorizaba, tenía control de sus contactos privados y conocía del trasiego de dinero para financiar a la lideresa naranja.
En sus manifestaciones del 14 y 31 de octubre de este año, Reátegui claramente mencionó a Paucará como una pieza determinante en el lavado de activos. Reátegui recibió hasta 50 mil dólares para lavarlos con falsos aportantes que depositaron el dinero en la cuenta del partido fujimorista. Así lo relató Reátegui en tercera persona:
Reátegui se dirigió al local y se reunió con Keiko Fujimori, la que le indica que el dinero ya lo tenía (la tesorera) Adriana Tarazona. Reátegui se dirigió a la oficina de Adriana Tarazona, la que le entregó 30 mil dólares en efectivo o billetes. El dinero estaba listo en su cajón que estaba preparado en un sobre de manila. Adriana Tarazona indicó al congresista Rolando Reátegui que el dinero era entregado según lo acordado con Keiko Fujimori. (…) Luego de algunos días, el congresista Rolando Reátegui regresó a la ciudad de Lima, en la que recibió una llamada telefónica por parte de Carmela Paucará para que se reúna con Adriana Tarazona en el local de Bucaré. Ese mismo día el congresista Rolando Reátegui se dirigió al local de Bucaré, en donde Carmela Paucará lo recibió, solicitó la autorización para que ingrese el congresista, y primero éste se dirigió a la oficina de Keiko Fujimori con quien conversó y ésta última le indicó que Adriana Tarazona lo estaba esperando (para entregarle el dinero acordado).
En el meollo
Pérez señaló que además de conocer a los principales contactos en la sombra de Keiko Fujimori, Carmela Paucará también estuvo al tanto de las entregas de dinero que fue lavado con los falsos aportantes. Paucará gestionaba los recibos de los donantes fraudulentos, según Reátegui:
Unos días después, el congresista Rolando Reátegui se dirige al local de Bucaré para entregar los recibos de aportes de Fuerza 2011 y los comprobantes de los depósitos bancarios en un sobre a nombre de Adriana Tarazona, entregando el mismo a la secretaria Carmela Paucará. (…) En los días finales del mes de febrero de 2011, Keiko Fujimori llamó al congresista Rolando Reátegui para que vaya al local de Bucaré. En efecto, al día siguiente el congresista se dirigió al lugar y encontró a Carmela Paucará, quien recibió la autorización para ingresar. El congresista Rolando Reátegui se dirigió a la oficina de Keiko Fujimori en donde ella le indica que hay nuevos aportes que hacer, para lo que debía reunirse con Adriana Tarazona.
El fiscal Pérez ubica a Carmela Paucará en una posición clave en la estructura del partido fujimorista, muy cercana a Keiko Fujimori y a las decisiones de esta. Aparentemente, lo que busca el fiscal de Lavado de Activos es que con la medida restrictiva de detención preventiva, Paucará, como ha sucedido con otros investigados, solicite declarar como testigo protegido o como colaboradora eficaz para evitar la cárcel.
La secretaria Paucará maneja información sensible potencialmente letal para Keiko Fujimori. Así lo dijo el mismo Reátegui:
La primera semana de marzo 2011 el congresista Rolando Reátegui se dirige al local de Bucaré para recoger la otra cantidad anteriormente indicada; de igual modo que en las ocasiones anteriores, fue recibido por Carmela Paucará. (…) Luego de unos días, el congresista Reátegui retorna a Lima, se dirige al local de Bucaré, entregando en sobre cerrado los recibos de aportes Fuerza 2011 y los recibos por los comprobantes de depósitos bancarios a la secretaria Carmela Paucará, para que se los haga llegar a Adriana Tarazona.
La imputada Carmela Paucará alegó que el testigo TP-2017-55-3 mentía.
“No sé por qué estoy aquí. Llevo semanas escuchando todo lo que la fiscalía dice y me pregunto, ¿qué hago acá? ¿Qué error he cometido? ¿Trabajar con Fuerza Popular?”, expresó Paucará en la audiencia dirigida por el juez Richard Concepción Carhuancho.
“La fiscalía indica que tiene las 24 horas al día abiertas sus puertas… ¿Para qué? ¿Para mentir como lo hizo el testigo protegido número tres (TP-2017-55-3? ¿Para decir cosas que no son reales?”, continuó la secretaria personal de Keiko Fujimori.
“¿Qué sé yo de Odebrecht o la plata? No sé nada de eso. Me enteré recién por los medios de comunicación. ¿Qué pretende la fiscalía al privarme de mi libertad? ¿Que mienta para poder tener algún beneficio? No lo voy a hacer porque lo que yo estoy diciendo es la verdad y si tengo que ir 36 meses de presa, voy a salir con la frente en alto”, dijo Paucará negando que se sometería a la figura de testigo protegido.
El 31 de octubre, Rolando Reátegui amplió su declaración referida a Carmela Paucará Paxi, quien el 18 de noviembre cumplirá 39 años y es residente en Villa El Salvador. Dijo:
Sobre Carmela Paucará Paxi, esta señorita en realidad estuvo contratada para la congresista Martha Moyano, para su despacho congresal. Pero en la práctica, además de ejercer funciones con dicha congresista, también ejercía las funciones de secretaria, recepcionista de Keiko Fujimori. Esta práctica de disponer de personas contratadas por el congreso para que además ejerzan funciones o trabajen para Keiko Fujimori o el partido Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular), era algo recurrente en esa época.
A pesar del desmentido de Paucará, lo que ha dicho hasta el momento Reátegui ha sido corroborado, como la participación en la trama de Jorge Yoshiyama Sasaki, aceptada por este mismo en una reciente confesión.
Fiscalía descubrió documentos clave en casa de Paucará
Carmela Paucará Paxi ha dicho que no tenía conocimiento de las actividades personales de Keiko Fujimori ni de la cúpula fujimorista, pero en el allanamiento de su vivienda se encontraron documentos sobre las investigaciones contra la lideresa de Fuerza Popular y el ex secretario general fujimorista Joaquín Ramírez Gamarra, recordó el fiscal Pérez.
También fueron descubiertos folios sobre más de una docena de pesquisas fiscales seguidas al mandatario Martín Vizcarra, cuando ejerció como presidente de la región Moquegua, y que el fujimorismo usó para atacarlo en la campaña presidencial del 2016.
Coincidentemente, anotó Pérez, esos casos fueron a los que se refirió públicamente en un tuit el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, así como la propia Keiko Fujimori y miembros de su bancada. Por eso el fiscal no descartó la existencia de una concurrencia de intereses para entorpecer el trabajo de la Fiscalía de Lavado de Activos y amedrentar o amenazar al fiscal del caso.