Deudos de víctimas. Gisela Ortiz y Raida Cóndor señalaron que la resolución que anula el indulto de Fujimori debe cumplirse. Y anotaron que exigir el cumplimiento de la ley no es un acto de odio sino el respeto a la justicia.,Junto a colectivos juveniles y organizaciones de la sociedad civil, los familiares de víctimas de distintos casos de violación de derechos humanos (no solamente de La Cantuta y Barrios Altos) manifestaron que la resolución que anula el indulto del expresidente Alberto Fujimori ha hecho que recuperen la tranquilidad que les fue arrebatada en la Navidad del año pasado. En conferencia de prensa realizada en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Gisela Ortiz, hermana de unos de los nueve estudiantes desaparecidos de la universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, habló a nombre de los familiares. PUEDES VER “Anulación del indulto a Fujimori lava la cara del Poder Judicial” Indicó que vuelven a sentir que han sido respetados por el sistema de justicia y que se ha recogido la necesidad de garantizar el derecho a la justicia que tienen las víctimas. “Para nosotros han sido casi diez meses de mucha incertidumbre, de no saber qué iba a pasar y de sentirnos burlados frente al negociado en que se convirtió este indulto humanitario que se dio de espaldas a los derechos de los familiares”, precisó Ortiz. Añadió que ahora exigen que este nuevo pronunciamiento de la justicia peruana se respete y se cumpla con devolver a prisión a Alberto Fujimori, de acuerdo con la condena establecida en el año 2010. Irregularidades La abogada Dania Coz, de Comisedh, también se refirió a esta resolución de 225 páginas firmada por el juez Hugo Núñez Julca. Estimó que el documento está muy bien fundamentado, con buenas consideraciones en lo que es el control de convencionalidad y la aplicación de la ley y la Constitución. Resaltó el hecho de que la resolución ha detectado las irregularidades que se cometieron al momento de otorgar el indulto. “Nosotros lo dijimos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la audiencia frente a este juez que el indulto humanitario no siguió el procedimiento legal, había serias dudas respecto a la imparcialidad e independencia de los médicos que conformaron la junta penitenciaria. Incluso, esta resolución reconoce que el informe médico y el protocolo médico que debió ser elaborado por los médicos del INPE fue elaborado por médicos particulares del señor Fujimori”, acotó. También dejó en claro que pedir respeto por la ley y la Constitución no puede ser calificado como un acto de odio. Dijo que lo que los familiares de las víctimas quieren es respeto por la memoria de sus seres queridos y respeto por su derecho de acceso a la justicia, “lo cual no es odio”. Satisfechos También habló la abogada Gloria Cano, quien acompañó por décadas a las víctimas del conflicto interno. La abogada de Aprodeh dijo estar satisfecha con esta resolución porque conoce el dolor que sufrieron los familiares al momento de la desaparición y ejecución de los estudiantes y el profesor de La Cantuta, y también el dolor de los familiares de las personas que fueron ejecutadas en el viejo solar de Barrios Altos. PUEDES VER Alberto Fujimori: Becerril convoca a una marcha y usuarios lo 'trolean' [FOTOS] También dijo conocer el calvario de los sobrevivientes de ese macabro acto para lograr justicia. Relató que ellos se sintieron burlados al momento en que se dio el indulto. Luego recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dio las pautas y los criterios para evaluar su otorgamiento. “Aquí el juez penal lo que ha hecho es una ponderación. Ha revisado el expediente del indulto y ha encontrado irregularidades, porque este se otorgó maquillándolo de humanitario, siendo un acuerdo político”, anotó. A su turno, el abogado Carlos Rivera, de IDL, expresó que se ha restablecido la legalidad en el Perú, en el sentido de que el indulto fue otorgado como consecuencia de una festinación de trámites. Dijo que otro fundamento de peso que usó el juez es la utilización del derecho internacional. Y concluyó que es un acto reñido contra el derecho internacional que no cumple el mínimo rigor del estándar que la Corte Interamericana estableció el 30 de mayo último. “Por tanto, la única conclusión posible era esta, sobre todo tras la conclusión de la Corte Interamericana”, subrayó Rivera
