Por encima de las diatribas, ha habido indicios de un clima de diálogo que puede sacarnos, al menos pasajeramente, de la crispación en que hemos estado viviendo.,Resulta muy ilustrativo comparar la situación actual con la del año 2000. En efecto, los tiempos recientes se han asemejado a los días en que sesionaba la Mesa de Diálogo de la OEA. En ese entonces estaban frescas las irregularidades de un proceso electoral que produjo, por vez primera, y creo que única en la historia regional, el retiro de la Misión de Observación Electoral de la OEA. Lo que ocurría entonces en el Perú superaba no solo lo razonable sino también lo imaginable. Por ejemplo, el descubrimiento de que el Perú había sido usado para enviar armas de contrabando a la guerrilla colombiana; o de la oprobiosa acta de sujeción de los altos mandos militares al gobierno. Una observadora británica, especialista en temas de democracia, escribió que el Perú de entonces tenía todas las características formales de una democracia, pero ninguna de sus prácticas o contenidos. La sustancia era reemplazada por los formalismos, a veces bizantinos. Como la ley de interpretación auténtica. ¿Cómo no recordar al mismo José Cavassa cuando merodeaba, sin éxito, alrededor de la Asociación Civil Transparencia? ¿Cómo olvidar a la Fiscal Blanca Nélida Colán y a sus cercanos colaboradores? ¿Cómo no evocar que los de Transparencia fuimos citados a una Comisión del Congreso que investigaba, no la fábrica de firmas fujimoristas sino a quienes la denunciaron? Inolvidable el papel cumplido por quienes descubrieron e hicieron pública aquella fábrica, como el Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan, y el diario “El Comercio”, dirigido entonces por Alejandro Miró Quesada. Fue en ese clima que estalló como una bomba el video Kouri – Montesinos y luego los otros “vladivideos”. Un clima de indignación colectiva en el que los legalismos no lograban disipar la ilegitimidad y en que el régimen, rebosante de impopularidad, propalaba la especie de que todos eran corruptos y todos mentirosos. Pero hay que recordar igualmente, con la misma justicia y el mismo rigor, que, luego de las fugas de Fujimori y Montesinos, el Congreso concertó y apoyó el nombramiento de Valentín Paniagua y el proceso de impecable transición. Una posibilidad de entendimiento similar es lo que está en juego en el Perú de estos días. Por encima de las diatribas, ha habido indicios de un clima de diálogo que puede sacarnos, al menos pasajeramente, de la crispación en que hemos estado viviendo. El futuro, por supuesto, está lleno de incertidumbres. No estamos frente a un cielo claro, sin nubarrones. Incluso, cabe dentro de lo posible que no haya referéndum. O que haya un referéndum sobre temas en los que todo el mundo esté de acuerdo. Una situación hipotética que facilitaría la abstención y daría pie a que esta se interprete como pérdida de legitimidad de las reformas mismas. De todas maneras, se habrán logrado reformas normativas muy importantes. Pero quedan varias otras asignaturas pendientes y urgentes: una es la de terminar con los casos que están sometidos a investigación y desafuero. Sería una contradicción que las instancias reformadas quedaran, en parte, a cargo de quienes las deformaron. Lo que sería, como ironizaba Lampedusa, la política del Gatopardo: “que todo cambie para que todo siga igual”. Otra es reponer la cláusula sobre la declaración jurada de intereses, que resulta indispensable para detectar y combatir la corrupción. Esta cláusula, ya usada en otros países, ha sido extrañamente retirada por la Comisión de Constitución. Para ser consecuentes con los acuerdos adoptados esta semana, el Congreso no solo tiene que cumplir con los plazos ofrecidos para las reformas. También tiene que decidir sobre materias cruciales como estas dos.
