La necesidad de proteger a la fiscal Rocío Sánchez. ,Muchos reaccionaron contra la decisión del fiscal de la nación Gonzalo Chávarry de lanzar una investigación contra los responsables de la filtración de los audios de la corrupción, pero focalizando la protesta en los eventuales perjuicios a los periodistas, cuando ya parece evidente que la persecución no es a ellos sino a la fiscal del Callao Rocío Sánchez. Eso es lo que sostiene el editor judicial de La República César Romero en el reportaje que publicó aquí el sábado, a propósito de la orden que el 3 de agosto le dio el fiscal Chávarry al entonces fiscal supremo de Control Interno, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, para “iniciar una investigación para determinar la responsabilidad de las personas involucradas en la filtración de los audios de las interceptaciones telefónicas”. Contra lo que se pensó al inicio, las balas de Chávarry no estaban dirigidas contra la prensa, en la cual hay sectores que lo critican con razón por todas las manchas que se han revelado de él, pero también hay otros que lo defienden con gran entusiasmo. Sus balas apuntan a Sánchez, la fiscal responsable de la investigación, tal como se desprende del comunicado emitido el viernes por el Ministerio Público, en el que se precisa que lo que Chávarry solicitó fue “determinar la responsabilidad de las personas involucradas en la divulgación irregular de los medios probatorios custodiados por la Fiscalía, es decir, de parte del personal que labora en nuestra institución”. O sea, contra la fiscal Sánchez y su equipo, al que Chávarry atribuye, según Romero, objetivos equivocados pues cree que los audios se revelaron para impedir que él llegara a ser el fiscal de la nación, en vez de buscar lo que evidentemente se consiguió: destapar una profunda corrupción con olor a desagüe en el sistema judicial peruano, lo cual incluye desde el poder judicial hasta el consejo nacional de la magistratura, pasando por el Ministerio Público. El problema es que Chávarry es un protagonista principal de los audios de la corrupción, lo cual explica que ahora quiera retirar de la investigación a la fiscal Sánchez y a su equipo. Chávarry tuvo esa preocupación desde antes de jurar el cargo, tal como constó en la comunicación que envío a su antecesor pidiendo información sobre interceptaciones telefónicas. Servidores públicos valiosos como la fiscal Sánchez son las personas que se deben cuidar en el país por las amenazas, no solo de las mafias de la corrupción, sino, como se ve, de sus propios jefes como Chávarry.
