Chávarry solo es parte de un problema mucho más amplio. ,El profundo desprestigio del sistema judicial peruano tiene como uno de sus protagonistas al Ministerio Público, pero esto no obedece únicamente al precario Pedro Chávarry, sino a la institución en su conjunto, un problema que no es reciente. Los cuestionamientos a Chávarry empiezan porque su nombramiento no se completó por la ausencia del presidente en la juramentación. Ese es un asunto que afecta la legalidad del nombramiento de Chávarry pero que es, antes que nada, una cuestión política, porque bastaría con que se organice una reunión con la presencia del presidente Martín Vizcarra para superar el papelón de que la institución que se encarga de la legalidad en el país no se haya percatado de un ligero detalle en un acto de primera importancia para la entidad en una circunstancia compleja. Ahí radica, precisamente, el problema principal, pues un amplio sector cuestiona la conveniencia para el país, justo cuando se debe emprender una reforma profunda del sistema judicial, de tener en un puesto tan importante para la lucha anticorrupción a alguien como Chávarry, cuya reputación no es intachable. Empezando por un gobierno que tiene la intención de asumir el liderazgo en la lucha anticorrupción, razón por la que el presidente Vizcarra, el premier César Villanueva y el nuevo ministro de Justicia Vicente Zeballos le han pedido a Chávarry que dé un paso al costado. Su respuesta, en cambio, fue apurar una juramentación ‘a la prepo’ defendida por sectores comprometidos con las implicancias de los destapes periodísticos de estos días, desde el fujiaprismo parlamentario incluyendo sus satélites hasta otros dos fiscales supremos que aparecen con o son mencionados en los audios. El caso del fiscal Víctor Raúl Rodríguez es patético porque intentó usar su puesto para violar el derecho del periodismo a proteger las fuentes, un caso parecido al de la fiscal que ordenó allanar el local del IDL porque su esposo está implicado en uno de los audios de la corrupción. No se puede dejar de reconocer que en el Perú hay fiscales honorables y valientes, como Rocío Sánchez, artífice de las denuncias que están saliendo a la luz en estos días y de quien Chávarry debe ser el único peruano que no sabe qué cargo ocupa. Pero el problema de personas como Rocío Sánchez es tener, desde hace mucho tiempo, una dirección en el Ministerio Público que es corrupta o demasiado timorata para enfrentar a la corrupción, lo que explica la putrefacción en la fiscalía de la nación.
