Se debe afinar, luego, el proceso de designación de nuevos miembros con un sistema transparente y participativo que es viable.,Indignación, desesperanza y mucha bronca. Antes y ahora. Ojalá que ahora haya la decisión y claridad política para superar esta crisis que hubo en el pasado con excelentes resultados. Buenas señales está dando ahora Vizcarra. Cuando el asesor Montesinos se ufanaba –abril, 1998– en reunión con los parlamentarios oficialistas de ese entonces de que el régimen “controlaba” el poder judicial, decía la verdad. Pero no era la verdad completa pues le faltó decir que lo hacía en base a una maquinaria corrupta en la que las cabezas de la Corte Suprema y la Fiscalía ya habían pasado por la “salita del SIN” para cobrar su cerrito de billetes de dólares. La independencia judicial fue atropellada por el poder político como nunca antes. No hay que olvidarlo. Pero se resolvió, con democracia y, por cierto, no sin “pisar callos”. Los contundentes procesos contra la corrupción que se dieron durante el gobierno de transición que encabezó Valentín Paniagua pusieron a esa argolla de poder tras las rejas. Se hizo bien; y lo hicieron fiscales y jueces dignos y eficaces. Que no salieron del sombrero de un mago o de la mano del gobierno, sino del propio aparato institucional; habían estado neutralizados por la cabeza corrompida por el poder político. Importante lección para los retos del presente. La evolución de la criminalidad organizada y de la corrupción en el mundo plantea la seria amenaza de esas redes contra la independencia judicial en busca de impunidad. Esa amenaza global la hice notar en el informe que presenté, como relator de la ONU para la independencia judicial, en octubre pasado, en la Asamblea General de la ONU (A/72/140). Convergen ambas amenazas en el Perú de hoy en el que esas redes y sectores políticos parecen unirse en zonas grises de complicidad y articulación. Destacan tres asuntos en este escándalo de las redes de corrupción. Primero: redes de crimen organizado, empezando por las que operan impunemente en el Callao, que le pusieron la puntería, eficazmente, a la Corte Superior y a una Sala Penal de la Corte Suprema buscando impunidad. Articulación que abarcó desde un delincuente como (a) “Caracol”, empresarios y magistrados hasta sospechosa jurisprudencia labrada en una sala penal transitoria de la Corte Suprema para “aligerar” la tipificación de lavado de activos. Segundo, en ese engranaje metieron sus narices y manos una serie de personajes premunidos de poder político, muchos de las mismas filas que condujeron el Estado hasta noviembre del 2000. Curioso. Funcionarios judiciales referidos como nexo con el crimen organizado, los mismos que habrían beneficiado al secretario general de Fuerza Popular, interactuado con la “señora K” o con ese impresentable congresista de la mayoría para definir la designación del presidente del CNM. Como en los 90. Tercero, el “destape” –revelado correctamente por IDL-Reporteros– es parte de una investigación que impulsa una fiscal independiente y valiente, Rocío Sánchez, y la decisión del juez Cerapio Roque Huamancondor. El viento sano de operadores judiciales vino, pues, de dentro. Como se pudo hacer cuando la recuperación de la democracia en el 2001. La verdadera cantera de gente digna –a la que simplemente hay que “empoderar”– está dentro del sistema judicial. Empezando, por cierto, por limpiar la mesa propiciando la renuncia o cese completo del CNM y sus suplentes como lo impulsa Vizcarra. Se debe afinar, luego, el proceso de designación de nuevos miembros con un sistema transparente y participativo que es viable. Hay experiencias recientes en Colombia que pueden servir de ejemplo. Sería un error grave entrar en la ruta inútil de pedirle al actual Congreso cuestionado que cambie la Constitución. Como en la transición democrática, lo que se necesita es decisión política, coraje para no temer afectar poderosos intereses y una participación activa de la sociedad.
