La mejor respuesta ante la embestida del fujimorismo es más investigación, más destapes, más periodismo corajudo.,Es clásico del fujimorismo ensañarse con el periodismo cuando ventila sus mugres. Después de que el 12 de julio de 1993, los reporteros de la revista Sí ubicaron las tumbas clandestinas con los cuerpos que luego se comprobaría pertenecían a los desaparecidos de La Cantuta, el fujimorismo culpó falsamente a un evangelista de pertenecer a Sendero Luminoso y le atribuyó haber dibujado el croquis que guió a los periodistas, a quienes se les inició investigación por presunta colaboración con el terrorismo. El 17 de marzo de 1998, la ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Luisa Zanatta, confirmó mediante una fotografía publicada por La República, la existencia de un sistema de espionaje telefónico, algo que el régimen fujimorista siempre había negado. La fiscalía controlada por el gobierno pidió los negativos y concluyó que se trataba de un montaje, para luego acusar a los periodistas de haber fabricado la imagen, no obstante que peritos extranjeros confirmaron la autenticidad del material gráfico. El 29 de febrero de 2000, El Comercio destapó a una red de falsificadores de un millón de firmas para la inscripción del partido que postuló a la re-reelección a Alberto Fujimori. Periódicos controlados y financiados por el régimen, como Expreso, respondieron con publicaciones para desacreditar a los testigos que sustentaron el caso, con la finalidad de desinflar una acusación por fraude electoral, al tiempo que los reporteros fueron amedrentados y amenazados. El fujimorismo atacó con la misma intensidad a la prensa cuando informó sobre el testigo de la DEA que declaró sobre el presunto lavado de US$ 15 millones que le entregó Keiko Fujimori a Joaquín Ramírez para financiar su campaña electoral. Y repitió la misma conducta el día que los periodistas dieron cuenta de las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata sobre las contribuciones de dinero al partido fujimorista. En la misma línea, ahora el fujimorismo pretende atribuir a los periodistas de IDL Reporteros el espionaje telefónico a las autoridades judiciales, entre quienes se encuentra el juez supremo César Hinostroza, quien debía resolver una casación de Keiko Fujimori para anular una investigación por lavado de activos. Además, la Comisión de Fiscalización controlada por el fujimorismo, se sumó al cargamontón y demandó que los hombres de prensa revelen la identidad de las fuentes que filtraron los audios, un pedido absolutamente inaceptable. La mejor respuesta ante la nueva embestida del fujimorismo es más investigación, más destapes, más periodismo corajudo.
