La historia del periodismo nacional está repleta de dictadores, caudillos y golpistas de todo pelaje que de una u otra forma pisotearon la libertad de prensa. La hostilización, la censura y la clausura han sido las armas habituales de estos personajes para quienes las tareas de vigilancia, fiscalización y revelación del periodismo son un estorbo para sus ambiciones. En lo que va de la vida republicana, cada acto de supresión o de coacción a la libertad de informar ha sido invariablemente motivado por publicaciones que expusieron las tropelías de los que ejercen el poder. La ley que prohíbe la publicidad estatal en la prensa aprobada por congresistas que pertenecen a partidos políticos cuyos líderes son investigados por actos de corrupción, no es la excepción sino la confirmación de esta lamentable regla. El presidente Balta (1868-1872) clausuró a todos los diarios que criticaban el corrupto contrato Dreyfus y envió a prisión a los directores. Leguía suprimió los periódicos que cuestionaban la modificación de la ley electoral para prolongar su mandato (1919-1930). El general Velasco (1968-1975) confiscó los periódicos de oposición a los que consideraba “contrarrevolucionarios” y los entregó a gremios controlados por izquierdistas. Fujimori (1990-2000) sobornó a los propietarios de los medios y los financió con publicidad estatal, y publicó con fondos públicos “diarios chicha” para difamar. Estos y otros actos similares fueron perpetrados en represalia porque el periodismo se negó a actuar según los dictados de los gobiernos de turno. El fujimorismo, uno de los peores enemigos de la libertad de prensa, confabulado con periodistas que fracasaron en el ejercicio de su profesión, y que luego se dedicaron a la política, aprobó un proyecto de ley presentado justo después que públicamente Keiko Fujimori y Alan García atacaron a los medios de comunicación que informaron sobre la grave implicación de estos líderes en el escandaloso caso de corrupción Lava Jato. La norma tiene la intención del castigo. A los congresistas y a sus líderes odiadores de la libertad de prensa les ocurrirá lo mismo que a Fujimori: los periodistas se dedicarán con más énfasis a ventilar sus acto ilegales, y cuando enfrenten a la justicia, las autoridades encontrarán suficiente evidencia para sancionarlos. Nos vemos en los tribunales.
