La prohibición de publicidad estatal en medios privados.,Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre del Consejo Directivo del IPYS, ante la aprobación por insistencia, en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, de una iniciativa que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados. En marzo pasado, cuando el Congreso aprobó la correspondiente disposición legislativa, el Poder Ejecutivo observó la autógrafa con evidentes vicios de inconstitucionalidad proponiendo un texto alternativo. Ahora, sin haber discutido este planteamiento, el proyecto normativo está próximo a convertirse en ley cuando lo apruebe el Pleno del Congreso. A poco de asumir la Presidencia, usted se manifestó públicamente en desacuerdo con la iniciativa, y por lo tanto conoce sus graves implicancias. Atenta contra el derecho a la información del pueblo peruano, al recortarle severamente las fuentes informativas estatales. Impide o más bien prohíbe al Estado, informar adecuadamente de sus actos. Por otra parte, atenta contra las libertades de expresión y de empresa, al impedir a los medios de comunicación recibir anuncios de las dependencias públicas. Todo lo cual colisiona frontalmente con la Constitución Política del Perú. La inconstitucionalidad del proyecto aprobado por el Congreso ha sido reiteradamente explicada por los más reconocidos especialistas. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en carta dirigida a la Cancillería, ha advertido que colisiona con la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo más grave de todo es que declaraciones del Presidente del Congreso, Luis Galarreta, han puesto en evidencia que el proyecto de ley en cuestión busca castigar a determinados medios, al recortarles ingresos publicitarios. Esto revela el objetivo subyacente de coartar la libertad de expresión, así como la entraña antidemocrática del proyecto y de sus promotores, congresistas que apoyados en la mayoría legislativa están públicamente empeñados en una campaña de acoso a la prensa que fiscaliza al Congreso, un deber elemental del periodismo independiente. Mediante esta carta solicitamos a su gobierno que, en uso de sus atribuciones y en defensa de sus fueros y de las libertades protegidas por nuestra Constitución, interponga Acción de Inconstitucionalidad de la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados, cuando sea aprobada por el Congreso. Creemos que esta acción se condice con la doble responsabilidad de un Jefe de Estado que debe garantizar la información pública hacia sus gobernados y defender principios democráticos irrenunciables de la sociedad peruana.
