No es bancada parlamentaria sino tramitadora de intereses.,Cada día que pasa se constata que, en vez de partido político al servicio del bienestar general, Fuerza Popular es el administrador de intereses particulares tramitados desde su bancada parlamentaria, lo cual realizan con todo descaro y la desfachatez del que cree que nunca le pasará nada porque tiene la sartén por el mango. Desde sus maniobras escandalosas para que las cooperativas continúen sin control favoreciendo que sigan siendo el instrumento preferido del lavado de activos, su complicidad con la minería ilegal, hasta su comportamiento truculento para impedir el control de los plásticos o evitar el sistema de octógonos para los alimentos. En cada caso, hay uno o dos congresistas que aparecen como adalides de esas causas particulares usando argumentos increíbles y negando, como unos tremendos caraduras, que tengan un conflicto de interés. Ayer nomás, los congresistas de FP –integrantes de la élite naranja ‘mototaxi’– Miki Torres y Úrsula Letona intentaron explicar en entrevistas simultáneas que no tienen ningún conflicto de interés y que su oposición a que la SBS supervise a las cooperativas de ahorro y crédito se sustenta en fundamentos legítimos. La SBS –cuya misión es prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo– ha tratado de persuadir al congreso, desde hace años, con resultados infructuosos, para le deje supervisar a las cooperativas, algo que nadie hace ahora. Y que no se hará nunca si se termina imponiendo esta oposición indecorosa de FP para que la SBS supervise a las cooperativas, algo que ya ha dejado de ser majadería para convertirse en actitud sospechosa de complicidad con actividades ilícitas. No es el único caso en esta bancada. Alejandra Aramayo no se cansa de tratar de beneficiar a la minería ilegal, como cuando quiso sacarla de la ley del crimen organizado. El gobernador de Ica Fernando Cillóniz –elegido por FP– señala a los congresistas de FP Miguel Elías, Betty Ananculi y César Asegura, y Alberto Oliva de PpK como protectores de corruptos en el sector salud en su región. Según EY, 82% de los empresarios afirma que la corrupción y los sobornos son prácticas usuales en el país, y según el Barómetro de las Américas, el Perú encabeza –con 27%– a los países que creen que la corrupción es el principal problema nacional (en Brasil solo son el 19%). El país se ha adormecido frente a la impunidad con que en este congreso se tramitan intereses particulares, especialmente por parte de la bancada de Fuerza Popular S.A.
