El argumento de que ese veto fortalece a los partidos es una engañifa, pues eso lo pueden lograr virtudes como la buena organización, la disciplina interna, el buen trato al seguidor, o una firme adherencia a las propias ideas.,Los proyectos que impondrían a los candidatos presidenciales años de militancia mínima en el partido por el que compiten son inaceptables por donde se les mire. Eso tuerce el sentido de los requisitos ya establecidos por la Constitución. En esa medida cancela derechos ciudadanos, e introduce inequidad en la competencia electoral. Que todo el que puede votar puede candidatear es un principio clave de la democracia. Los casos en que esto no se da son pocos, y están guiados por la lógica de la legalidad. Pero el tiempo que alguien ha pasado militando en determinado partido no se encuentra entre ellos. No pasa de ser una maniobra que expresa temor de cara al 2021. El argumento de que ese veto fortalece a los partidos es una engañifa, pues eso lo pueden lograr virtudes como la buena organización, la disciplina interna, el buen trato al seguidor, o una firme adherencia a las propias ideas. Limitar la competencia, o incluso eliminarla de plano, estableciendo un oligopolio legal, más bien debilita a los partidos. Si los promotores de la iniciativa están tan preocupados, y si la consideran tan beneficiosa, entonces la deberían aplicar también a las candidaturas parlamentarias. Allí no se exige plazos, y el voto preferencial perfora toda consideración de fortalecimiento partidario, al reclutar en las puertas de los locales a virtuales desconocidos para la dirigencia. ¿Por qué tres años, y no dos, o uno, o cinco? En los proyectos hay un sentido de la medida que apunta a nombres propios, figuras que compitieron en el 2016, u organizaciones nuevas o todavía en curso de formación. Todos aquellos que pasarían a estar impedidos de ser miembros de un club de militantes con derecho a candidatear. Si alguien se pregunta por qué han mentido tanto los elegidos a cargos públicos, una de las explicaciones está en la multiplicación de exigencias en las leyes electorales. ¿Qué sentido tiene pedir una lista de estudios cuando esto no es un requisito para candidatear y las mentiras en el tema no son realmente sancionadas? Pura tontería de mala uva. La reforma electoral que el Perú necesita no puede ser hecha por espontáneos buscando hacer avanzar intereses particulares, obsesiones parciales, o ideas a medio cocinar.
