Desde hace más de 3 años Ollanta Humala y Nadine Heredia vienen haciendo frente a una investigación que intenta probar el delito de lavados de activos por supuestamente haber recibido un aporte para la campaña presidencial del año 2011 por parte de Odebrecht. Esta empresa ha estado presente en la vida pública y empresarial del Perú desde el primer gobierno de Alan García hasta la actualidad y ha aceptado que siempre financió aquellas opciones que apoyaban sus intereses empresariales. Muchas candidaturas, incluso parlamentarias. Tal vez el único caso por el que el propio Jorge Barata y directivos de Odebrecht han coincidido, es en señalar que nunca se beneficiaron del gobierno del ex presidente Ollanta Humala y que no se pagó sobornos por ninguna de las obras de esta gestión, algo que no han dicho de ningún otro líder político o grupo empresarial. Pese a ello, el ex presidente y su esposa están purgando la más radical de las medidas restrictivas: la prisión preventiva. A Humala nunca perdonaron que ganara la elección y lo que vino después fue la judicialización de la política. Sus enemigos políticos fustigaron los ánimos y exigieron a gritos prisión preventiva, falsamente indignados. La primera declaración de Barata en el Perú, en el marco de un proceso de colaboración, mantuvo a buen recaudo a sus socios políticos y económicos de toda la vida. El interés corporativo de la empresa estaba en juego; le era más fácil apuntar a las personas con las que no simpatizaba que acometer contra aquellos con los que había hecho espíritu de cuerpo por muchos años. No obstante, entre su primera declaración y la segunda se produjeron hechos relevantes, como la suscripción de un acuerdo de inmunidad con la Fiscalía, de forma que no pueda ser procesado en el Perú, y la autorización para disponer libremente de sus bienes y cuentas bancarias. Hizo un buen negocio. Si encontramos indicios, que se castigue con pruebas y no con dichos, como muchas veces se condenó arbitrariamente en el pasado. Mantener a Ollanta Humala y Nadine Heredia en la misma situación, sin que nada cambie, no solo sería inconstitucional sino también inhumano con sus menores hijos.
