Por Enrique Fernández-Maldonado (*),Hay lugares que parecen detenidos en el tiempo. Casapalca es uno de ellos. Ubicado en la provincia de Huarochirí, serranía de Lima, tiene en su haber un historial de abusos y atropellos desde su fundación como campamento minero. Ahí están las memorias de Jorge del Prado sobre el campesinado proletarizado a la fuerza por la Cerro de Pasco Cooper Corporation. Un siglo después, la historia se repite como recordatorio secular de un Estado genuflexo y permisivo con el abuso patronal. Esta semana visita Lima un contingente de obreros que brindan “servicios” para la minera Los Quenuales (entre las doce más importantes en Perú). Están en huelga desde el 22 de marzo, tras romper el trato directo con la empresa contratista Simareg. El sindicato denuncia la mala fe de sus empleadores. Los acusa de desconocer un acuerdo preliminar de aumento salarial (2.30 soles diarios, para bajarlo luego a 0.30), tirando por la borda varias jornadas de negociación. Simareg afirma en su web que realiza actividades “teniendo como marco de gestión las leyes vigentes, la responsabilidad social (…), el bienestar y seguridad ocupacional de nuestros colaboradores, observando los más altos estándares de calidad y competitividad”. Sin embargo, si hay una constante en las contratistas que operan para Los Quenuales, es, precisamente, su alta conflictividad laboral. Basta revisar los archivos del MTPE para dar cuenta del récord de huelgas, conciliaciones y extraprocesos que hacen de esta una de las minas más problemáticas. Pero el conflicto laboral en Los Quenuales tiene un ángulo poco atendido por los medios. Está relacionado con el modelo de tercerización laboral introducido con las reformas flexibilizadoras de los noventa. Aplicado muchas veces fraudulentamente, sin mayor regulación y con total impunidad en el sector minero, el outsourcing es visto como una fuente de desigualdad laboral al interior de la empresa. El 2016 se registraron 7,962 contratos bajo esta modalidad (MTPE, 2017). Lo que representa el 7,83% de la PEA minera. Aunque hay elementos (la informalidad, p.e.) para considerarla una cifra conservadora. La disputa, en este y otros casos similares, es por la distribución del excedente. ¿Es determinante un aumento de 2.30 diarios (828 soles al año) para una contrata que opera para una filial del conglomerado multinacional Glencore PLC., una de las más importantes del mundo? ¿Amerita comprometer la producción de varios días, por no atender una demanda razonable de sus “colaboradores” (como les gusta decir), más ahora que el panorama de los comodities mineros pinta bien? ¿O es que el modelo de tercerización para ser rentable requiere de bajos salarios, a costa del bienestar de los trabajadores? (*) TrabajoDigno.pe
