¿Y mientras tanto? Un aplauso unánime y caluroso recibió a Vizcarra en el Congreso. Buena señal.,Una semana es una vida en la política peruana. Hace solo siete días sugeríamos la renuncia del entonces presidente Kuczynski pero él se aferraba al cargo y creía que no alcanzarían los votos para vacarlo. Erró, otra vez. Los keikovideos cambiaron todo, lo conminaron a renunciar y se fue, después de algún jaleo, dejando que Martín Vizcarra jurara el viernes como presidente. Mientras escribo estas líneas, su abogado, César Nakazaki, se allana en la medida de impedimento de salida del país que le imponen y, en simultaneo, dos equipos de fiscales allanan sus casas en San Isidro y Cieneguilla. ¿En menos de una semana un presidente en el ejercicio del poder pasa a ser un criminal? La celeridad fiscal siempre debe ser alabada, pero en este caso parece un exceso. Si Kuczynski cometió un crimen como ministro, su plazo de termino es el 28 de julio del 2006. Doce años después, lo más probable es que haya prescrito todo. Si los crímenes son recientes, solo pueden estar referidos a los videos de Mamani. Más allá del espectáculo humillante, ¿para qué entonces los allanamientos? Abusar del ex mandatario no ayuda al presidente Vizcarra a crear un clima de paz política por el que rogó en su discurso. El pueblo ve el tratamiento diferenciado a los ex presidentes y es claro que hay intocables como Alan García al que no le sucede nada, ni con celeridad ni con parsimonia, mientras que los demás están en la cárcel o van camino a ella. ¿Quién es el titiritero de este drama a plazos? No se sabe bien, pero los niveles de penetración del aprismo y el fujimorismo en la fiscalía deben ser considerables. El allanamiento de las casas de Yoshiyama y Bedoya –considerado un infame ataque del poder presidencial– podrían tener como respuesta vengativa este último capítulo. ¿Y mientras tanto? Un aplauso unánime y caluroso recibió a Vizcarra en el Congreso. Buena señal. Su breve discurso fue sobrio en anuncios y correcto hasta donde se puede esperar en una situación de emergencia. Pero estuvo lleno de lugares comunes en los que no cabe disidencia. Todos queremos a nuestro país y deseamos que la corrupción se combata. Nadie puede oponerse a invertir en educación. La justicia debe aplicarse y podría seguir enumerando un conjunto de buenos deseos que no son más que palabras hasta que no se les dé contenido. Vizcarra tiene un calendario político urgente. En abril, Barata hablará sobre los ocho contratos en los que Odebrecht reconoce haber ganado coimeando. Esto compromete al menos tres presidencias, tres gobiernos regionales y a la Municipalidad de Lima. Por ahora. Nuevas revelaciones pueden traer otras investigaciones. También en abril debe pronunciarse la CIDH en el indulto a Fujimori. Vizcarra está obligado políticamente a cumplir esa resolución. Si la incumple su destino estará en juego como lo está hoy el del ex presidente Kuczynski por cometer la estupidez política de indultar a Alberto Fujimori. ¿Puede Vizcarra adelantarse a la CIDH y declarar nulo el indulto a Fujimori por las manifiestas irregularidades en su tramitación? Puede hacerlo. Existe el precedente Crousillat y se aplica a este caso concreto. Es un movimiento audaz y peligroso, pero bien coordinado puede restablecer la confianza con Keiko Fujimori y con todo el antifujimorismo. No es poca cosa. Su próximo ministro de Justicia debe considerar todas las salidas legales y presentárselas al presidente. El único anuncio concreto que hizo Vizcarra fue la renovación total del gabinete. Todo el Congreso aplaudió. Mercedes Aráoz permaneció cruzada de brazos. No hubo una línea de agradecimiento a nadie del gobierno saliente, ni siquiera al ex gobernante. El presidente Vizcarra es un hombre formal y educado y la omisión no es un mero olvido. Es un mensaje claro al gobierno saliente. No quiere nada de ese pasado cercano en su entorno presente. Los ministros ofreciendo “obras” al congresista Moisés Mamani son lo último que quiere cerca así cómo las reiteradas mentiras de la ex primera ministra. Vizcarra puede optar por un gabinete de personalidades (lo hizo Paniagua) o por uno político. Tal vez, una mezcla de ambos con un fuerte componente provinciano. Pero su problema más grave sigue siendo la relación con el Congreso y en especial con Keiko Fujimori. A estas alturas, si ella quiere tener algún futuro político, está obligada a dejarlo gobernar. Con su padre de regreso a la Diroes y su hermano camino a la prisión tendría que parar esta guerra infame sostenida por un conjunto de impresentables congresistas y permitir a Vizcarra gobernar en paz. Si no lo hace, y lleva a Vizcarra a otra vacancia –escenario que nunca se puede descartar– el país le responderá. Mientras tanto, solo podemos agradecer que no estemos lamentando un golpe de Estado, una disolución arbitraria de los poderes del Estado o a un usurpador sentado en Palacio de Gobierno. La solución a la crisis ha sido, esta vez, constitucional. Eso, en casi 200 años de historia republicana, ya es un avance.
