Lo que los defensores del modelo no admiten es que, en realidad, el “modelo” está perforado por todos lados.,Uno de los grandes temas para la discusión, pero que aparece solo de cuando en cuando es la relación entre crecimiento económico y consolidación institucional. En la CADE 2006 se hizo alusión a que el crecimiento debiera ser inclusivo –“no hay un nosotros con alguien afuera”- debido al “susto” que causó Humala. PPK dijo que el crecimiento económico vendría con “revolución social”. Y la CADE 2017 dijo que no debía haber “cuerdas separadas” entre la economía y el desarrollo de las instituciones. Pero todo quedó en discurso. ¿Por qué? Porque buena parte de la élite empresarial, política y académica considera que el crecimiento de los últimos 25 años se debe, exclusivamente, a la continuidad del modelo del “libre mercado”. Por tanto, toda interferencia debe ser rechazada. Es aquí donde “los nosotros” dejan el “alguien afuera” e insisten en las cuerdas separadas entre economía, instituciones y política. Una evidencia clara ha sido la reciente admisión de la Confiep de que en las elecciones del 2011 hicieron una bolsa empresarial (con Odebrecht) para “apuntalar el modelo”, eufemismo para no decir “apoyamos a Keiko”. Dicho esto, habría que preguntarse por qué se le da tanta importancia –supuestamente, ojo- a un modelo “cerrado” e invariable. La respuesta siempre es: porque ha permitido el crecimiento económico de los últimos 25 años. Pero esa respuesta es un dogma. La realidad es que casi todos los países de la Región (excepto Venezuela) crecieron como nosotros y, también, redujeron la pobreza. Eso se debe a que el Consenso de los Commodities reemplazó al Consenso de Washington: el superciclo de altos precios de las materias primas “elevó a todos los botes”. Ecuador y Bolivia alcanzaron tasas de crecimiento parecidas a las de Colombia, Chile y Perú. Para no hablar ya del modelo chino que, hoy tiene el mayor PBI mundial a Paridad de Poder Adquisitivo y que, dentro de 5 a 8 años superará a EEUU en PBI a valores corrientes. El modelo económico no acepta que haya una ley de control previo de fusiones empresariales para saber –antes de la fusión- si ésta aumentará la eficiencia económica y beneficiará (o no) al consumidor, como lo recomienda hasta la OCDE. Tampoco quiere que el Consejo Nacional del Trabajo discuta, con parámetros técnicos, el salario mínimo (que rige en 160 de 180 países, incluyendo a Alemania desde hace 2 años). Ojo, la RMV puede o no subir, pero debe ser discutida. Aquí, hace 4 años, Nadine Heredia dijo que “no estaba en agenda” y tumbó al Premier César Villanueva. Hoy, prosigue el boicot. El modelo tampoco admite la Norma XVI del Código Tributario, aprobada en el 2012, que combate la elusión, que consiste en emplear medios indebidos para que, bajo una apariencia de legalidad, se evite el pago de obligaciones tributarias. Ante la presión empresarial, su aplicación se suspendió bajo Humala y, a casi dos años de PPK, la cosa sigue igual. Dice la Sunat que la evasión y elusión tributaria llegan a S/ 55,000 millones anuales. Lo mismo sucede con la diversificación productiva, necesaria para alejarnos de la excesiva dependencia en los precios de las materias primas, política ahora apoyada por el Banco Mundial, el BID y la OCDE. Implica la reorientación hacia políticas productivas impulsadas y orientadas (no realizadas) por el Estado. Hasta Arabia Saudita tiene un plan para ser una economía industrial en el 2030. Pero aquí el gobierno de PPK la congeló desde el saque. Lo que los defensores del modelo no admiten es que, en realidad, el “modelo” está perforado por todos lados. Una prueba son los incentivos tributarios a la minería durante largos años. También las multimillonarias inversiones estatales en proyectos de irrigación que desembocaron en las ventas de tierras a precio subsidiado a unas pocas empresas agroindustriales, entre ellas Gloria, que hoy han vuelto a re-concentrar el agro peruano. No hay que olvidar tampoco a los lobbies –en los cuales participó PPK- que otorgaron el Lote 56 para la exportación de gas a México a precio vil y cuyas pérdidas tributarias ascienden a miles de millones de dólares. Tampoco el esquema de subsidio a las APPs de IIRSA Norte e IIRSA Sur mediante los Certificados de Avance de Obras, que permitían a las empresas construir con la plata del Estado y que, ahora sabemos, están infectadas de corrupción. Volviendo al principio: habrá “un nosotros sin alguien afuera” y una “revolución social” cuando el crecimiento económico fortalezca la institucionalidad, combata la corrupción y abra la participación política vía reformas electorales. No nos engañemos: detrás de la defensa del “modelo” hay una agenda encubierta que plantea que nada cambie –de lo que a ellos no les gusta-. Pero el “modelo” sí cambia y se maneja -“sotto voce”- cuando a “ellos” les conviene. ¿Por qué? Porque “el que puede, puede”. Está claro.
