Ahora la justicia debe seguir las pistas dadas por Barata.,Hoy una duda crucial es si aún quedan personas que, como Agustín Mantilla, estén dispuestos a guardar silencio, desprestigiarse y hasta comerse años de cárcel, para salvar a su partido político. Jorge Barata confirmó el testimonio de Marcelo Odebrecht de haber financiado varias campañas, y precisó los montos asignados a cada candidatura y las personas a las que habría entregado el dinero. El problema del testimonio de Barata es que ha señalado que las entregas no están documentadas y, como es evidente, para condenar a alguien no basta el dicho de una persona, sino que el mismo debe ser debidamente comprobado. Ahora es tarea de fiscales y jueces el procesamiento de las pistas de uno de los casos de corrupción más graves de la historia reciente del Perú. Lo más escandaloso, sin embargo, son las excusas que están ofreciendo los políticos a los que Odebrecht habría financiado sus candidaturas como una manera de zafarse de la responsabilidad que les compete. Empezando por Keiko Fujimori, quien ayer proclamó su inocencia express, obviando la pregunta indispensable de –si es cierto el testimonio de Barata– para quién, entonces, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya y Ricardo Briceño habrían recibido el dinero. Siguiendo las pistas ofrecidas por Barata, la misma pregunta se debiera plantear sobre Susana de la Puente, Luis Alva Castro y Avi Dan On con relación a las candidaturas del hoy presidente Pedro Pablo Kuczynski y la actual premier Mercedes Aráoz, así como de quien haya recibido el dinero para la campaña de Susana Villarán. La mayoría de los mencionados por Barata han negado haber recibido el dinero, pero si eso llegara a demostrarse, ¿tendrán los ‘mensajeros’ el temple de Mantilla para guardar silencio para encubrir a su candidato? Es penoso tener candidatos sin la menor responsabilidad para no saber de dónde salía el dinero para sus campañas. Tan penoso como pensar que se les va a creer que no sabían nada del tema. Nunca más debemos tener postulantes que no puedan responder con precisión, durante la campaña, quién paga para ponerlos en un puesto público. El problema de fondo es una comunidad política corrupta que diseña leyes para no informar sobre el financiamiento de campañas ni asumir responsabilidad por su origen. Por ejemplo, eliminando la obligación de presentar a la ONPE el registro de las finanzas de la campaña durante la misma, o impidiendo que recibir dinero indebido sea un delito.
