Queda claro: la empresa quiere seguir funcionado, con acuerdos de colaboración premiada y pago de la reparación civil. ,El fracaso del DU 003 se debe a que las dos partes, el Estado peruano y Odebrecht, nunca se pusieron de acuerdo sobre la “solución” los problemas suscitados por la corrupción de la segunda. Vamos por partes. En diciembre del 2016, en el proceso seguido en Nueva York, Odebrecht fue multada por haber utilizado los sistemas financieros de EEUU y Suiza (no por coimas). En el mismo proceso, Odebrecht aceptó pagar una reparación civil al Estado brasileño por las coimas realizadas. Esto dio lugar a un acuerdo de lenidad. Odebrecht acordó el pago de US$ 2,250 millones en 23 años (incluyendo intereses) al Tesoro de Brasil, Suiza y EEUU (US$ 2,039, 113 y 96 millones). La lenidad permite que siga funcionando y postule a nuevas licitaciones, siempre y cuando, de un lado, aparte a los funcionarios corruptos y haga profundas reformas de gestión, y, de otro, se someta a la colaboración eficaz para “destapar la corrupción” y castigar a los culpables. Este acuerdo tiene un monitoreo externo, a cargo del Ministerio de Justicia de EEUU y el Ministerio Público Federal de Brasil (Memoria Odebrecht 2017, p. 33). Odebrecht ha querido –y logrado- “homologarlo” en otros países. Según El Comercio (31/01/18), ha cerrado acuerdos similares con Panamá, República Dominicana y Guatemala (US$ 220, 184 y 18 millones). Queda claro: la empresa quiere seguir funcionado, con acuerdos de colaboración premiada y pago de la reparación civil. Vamos al Perú. Si bien el DU 003 declara que su objetivo es evitar la paralización de las obras públicas y la ruptura de la cadena de pagos, en los hechos el gobierno quería que “la corrupta Odebrecht se vaya del país lo antes posible”. Aquí está la diferencia central con las “homologaciones”. Si no hay acuerdo de lenidad y Odebrecht se tiene que ir, tiene que vender sus activos. Cuestión previa: hay que determinar el monto de la reparación civil, que debían fijar los Procuradores del Ministerio de Justicia y, también, que la venta sea autorizada por ese Ministerio. Pero nunca hubo una unificación a nivel de gobierno de las diferentes tareas a coordinar ni de la metodología a emplear. Los procuradores calcularon montos de reparación civil de diferentes maneras y lo mismo hicieron varias fiscalías que, de manera separada (y con divergencias) seguían los casos de Odebrecht. Así, el DU 003 se convirtió en un “arroz con mango”, no solo por lo señalado, sino porque nadie en el gobierno quería autorizar ninguna venta, por miedo: “estaría autorizando que se lleven el dinero de la corrupción”. Es así que Odebrecht tiene un contrato firmado para vender Olmos por US$ 400 millones y un comprador chino (Tres Gargantas) para Chaglla por US$ 1,400 millones. Pero nada se mueve. ¿Por qué? Por el rabo de paja de las relaciones anteriores de miembros del gobierno con Odebrecht (con PPK lo menos desde el 2003). Eso explica la inamovilidad del gobierno. El conflicto llevó a un punto de quiebre cuando Marcelo Odebrecht involucró a PPK y, luego, cuando la empresa reveló pagos a Westfield Capital de PPK y a First Capital de Gerardo Sepúlveda. Dijo Mirko Lauer: “Al poner directa, expeditiva y oportunamente los papeles sobre la complicidad de PPK en manos de Rosa Bartra, Odebrecht selló un pacto político con FP, incluso un pacto a futuro” (Odebrecht golpista, La República, 15/12/2017). Este tema fue el disparador de la “vacancia express” que fracasó por el “indulto express” PPK/Kenyi. Si bien ese round ha terminado, sus consecuencias siguen marcando las relaciones de Odebrecht (cuya responsabilidad es clarísima) con toda la clase política peruana. En ese marco hay que leer el PL 2408 que debe sustituir al DU 003. El Estado guardará en fideicomiso el 50% de la venta de las empresas (previa deducción de las deudas), mientras se establece la reparación civil (más papaya). También van al fideicomiso el 10% de los ingresos que el Estado debe entregar a las obras en marcha de Odebrecht. Asimismo, se incluye ahora a las consorciadas. Y, lo más importante, se establece la colaboración eficaz, que podría permitir a las personas naturales y, también jurídicas, a seguir trabajando en el país. ¿Homologación dixit? Este PL 2408 abre nuevos debates y preguntas que aún no tienen respuesta porque los diferentes actores en el Ejecutivo, en el Congreso y en las empresas, tienen mucho que ganar o perder, según como creen que va a reaccionar Odebrecht y lo que puede o no decir Barata. Todos mueven sus fichas. Mucho cuidado: hay una delgada línea roja entre el castigo a los corruptos y que no haya impunidad. Para el Perú –cuya transición democrática está en peligro- es crucial eliminar la corrupción, garantizar la independencia del Poder Judicial y el Ministerio Público, reparar la cadena de pagos (sobre todo a loso pequeños proveedores) y destrabar inversiones por más de 30,000 millones de soles, además de determinar la permanencia de los empleos de miles de técnicos y obreros que constituyen un acervo de conocimiento útil para el país y que no son corruptos. Para todo eso es crucial la gente en la calle lo que, hasta ahora, no se ve.
