Hace tan solo una semana, en esta misma columna, destacábamos los pésimos resultados de la fiscalía en materia de lucha anticorrupción. En un año de trabajo ni un solo pedido de colaboración eficaz se ha presentado, para su aprobación, a ningún juez. El hecho es escandaloso porque cualquiera que haya observado fenómenos de persecución judicial a corruptos sabe que, sin soplones, no hay éxito. Si bien todavía no se ha presentado ninguna colaboración eficaz, parece ser que el fiscal Hamilton Castro (dirige el equipo especial anticorrupción) ha sido sensible a las críticas a su pobre desempeño. El martes solicitó levantar la persecución a Jorge Barata –la que tenía en sus manos, por el delito de colusión en la carretera Interoceánica– para negociar con él un acuerdo de colaboración eficaz. Sin embargo, su voluntad no basta. El fiscal German Juárez Atoche (titular de otra fiscalía, la de lavado de activos) no ha pedido nada. Ese es el caso más sensible para Barata dado que, a raíz de una investigación por lavado, tiene 13 millones de dólares, en cuentas personales, congelados en el Perú a solicitud de este fiscal, además de la investigación en su contra. El asunto no puede ser más disparatado. ¿Tiene Barata disposición para hablar? Los hechos de enero y febrero de este año confirman que sí. ¿Tiene fondos líquidos en el Perú para pagar la reparación civil que se le puede pedir? Los tiene. Entonces, ¿por qué no se le excluye de toda investigación como imputado? ¿Por qué no se cumple el acuerdo original –obtenido con participación de la fiscalía brasilera– de darle la misma inmunidad que le dieron en su país? Porque fuerzas políticas muy poderosas lo quieren bien callado. Los líderes del Apra y el fujimorismo, los menos afectados hasta ahora con medidas limitativas de la libertad, prefieren que todo siga igual. En este limbo, sin ninguna acusación fiscal lista, sin ningún soplón, sin ningún juicio empezando. Filtrando, en dosis pequeñas, la artillería contra sus enemigos. Eso les da impunidad. ¿A quién tienen que controlar entonces? A la fiscalía, a uno que otro juez de control y, más adelante, a algunos magistrados. No se necesita tenerlos a todos para lograr el objetivo. En eso, Vladimiro Montesinos es su maestro. Aquí hay que trazar una línea bien clara. Aquellos que con el cuento de luchar por cautelar los intereses del Estado están favoreciendo a los corruptos y aquellos que saben que a pesar de lo injusto que pueda ser, se necesita de delincuentes para perseguir a sus cómplices. No hay otra manera de hacerlo. Los que están preocupados por lo selectivo que puede ser Barata en su recuento tienen razón. Sin embargo, hay una herramienta para que no omita nada. Esa es la participación de la fiscalía brasileña ante la cual no puede mentir bajo riesgo de ir a prisión. Parecía que Barata quería excluir a algunos, sin embargo, hoy lo que parece es que se guardó lo mejor para cuando la negociación fuese definitiva e irreversible. Su obvio silencio sobre Alan García cambiará ante un interrogador perspicaz y un incentivo adecuado. No ir a la cárcel, hasta ahora, ha funcionado. Hamilton Castro tampoco ha perdido el tiempo con las empresas consorciadas a Odebrecht. En julio de este año, IDL Reporteros publicó actas, en poder de Odebrecht, del reparto final de utilidades entre los socios de los tramos de la Interoceánica. En ellas Odebrecht obtenía un mayor beneficio justificado por un concepto llamado “riesgos adicionales”. El concepto existe en la construcción civil y las empresas alegaron que estas compensaciones eran práctica común en la ejecución de obras por varios socios. Lo que no se evidenció, hasta esta semana, es que esas actas no corresponden a liquidaciones periódicas (semanales, mensuales o anuales por riesgos desconocidos al momento de iniciarse la obra), sino que estas compensaciones millonarias en favor de Odebrecht (15 millones de dólares) se hacían al cierre de la obra, sin los asientos contables que los justifiquen a lo largo de los 5 años de ejecución del proyecto. Las actas están redactadas en términos en los que parece más una “liberalidad graciosa” de las constructoras peruanas que compensación por una pérdida en la obra. ¿A santo de qué tanta generosidad? Barata ha confesado que la coima para Toledo fue de 20 millones de dólares. Maiman –en vías de ser colaborador eficaz– ha confirmado todo. ¿De dónde salió la plata? Lo ha confirmado el mismo Marcelo Odebrecht: de todas las empresas consorciadas. Mientras usted lee esta columna este domingo se discute la prisión preventiva de cinco imputados, representantes de las empresas en el consorcio. Graña y Montero ha cambiado el discurso, deslindando a las “personas” de las actividades de la empresa. Si quieren salvarse de una cárcel segura lo que más les conviene a ellos y al país es que lo cuenten todo. Estos representantes no podrán decir mucho más de la Interoceánica, pero sí tienen mucho que ofrecer sobre otros consorcios, en otras obras, con Odebrecht y las demás empresas brasileras (calladas hasta hoy). Desde a qué funcionario iban finalmente los fondos, hasta cuánto se puso en cada caso. Pero, “soplón que se duerme, se lo lleva la corriente”. Más les vale apurarse.
