Con honrosas excepciones, casi todos los principales candidatos de los procesos electorales de este siglo han pasado por el aro de Odebrecht o de cualquier otra empresa brasileña. En el siglo pasado los financistas fueron empresarios, banqueros, organismos partidarios internacionales (socialdemocracia, socialcristianismo) e, incluso, el narcotráfico. La relación entre el dinero y la política electoral se volvió intensa cuando la TV entró en juego porque es un medio caro, pero efectivo. El financiamiento privado no es una donación desinteresada sino una inversión que rinde altos dividendos si el candidato financiado tiene éxito electoral. Entonces llega la hora de pagar y de cobrar con políticas públicas que favorecen a los financistas. Este hecho indiscutible ha obligado a algunos sistemas políticos a regular el financiamiento privado de las campañas electorales. La exigencia mínima es la transparencia: los partidos están obligados a informar quiénes son sus financistas. En otros, como en México, se prohíbe el financiamiento privado, sólo existe el financiamiento público y se acaba con el problema. En nuestro caso el financiamiento privado no es transparente ni en sus ingresos ni en sus gastos. Los partidos hacen sus informes falsos que la ONPE termina aceptando y organismos como Transparencia Perú los toman como referencia (Ingresos y gastos de campañas electorales del 2006 al 2016, 9 de marzo del 2017). Lo primero que se constata en estos informes es que los ingresos recaudados para las campañas electorales han subido vertiginosamente de casi 25 millones de soles en 2006 a casi 64 millones de soles en 2016. Los ingresos que más han crecido son los que se refieren a actividades partidarias (rifas, polladas, cocteles) justamente cuando los partidos han colapsado o están moribundos. En el 2006 esos ingresos eran el 3% de los ingresos de campaña, suben a 23% en el 2011 y a 16% en el 2016. Los partidos que más hicieron trabajar a sus militantes fantasmas fueron Gana Perú y Alianza por el Gran Cambio: más de un tercio de sus ingresos para la campaña del 2011 vino de actividades partidarias. En 2016, el 61% de los esforzados militantes de Alianza Popular (AG) y el 31% de los activistas de FP. También las contribuciones personales son, en gran medida, falsas. ¿Son creíbles estas cifras? En ninguno de estos informes partidarios a la ONPE aparece el financiamiento con el que Odebrecht dice haber apoyado a los principales candidatos. ¿Quién miente? Los escándalos mediáticos y judiciales han deslegitimado a los informes partidarios a la ONPE, al financiamiento privado y a los candidatos, independientemente de su orientación ideológica, que recibieron el respaldo de Odebrecht. No todo está perdido, sin embargo. En el 2016 tuvimos candidatos importantes de diversa orientación ideológica (Julio Guzmán, Verónika Mendoza, Alfredo Barnechea, Goyo Santos) que no fueron manchados por el dinero corrupto de Odebrecht ni de otra empresa brasileña. Verónika, incluso, estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta sin haber derrochado dinero en propaganda televisiva ni en paneles de publicidad.
