El congresista Mauricio Mulder ha presentado un proyecto de ley para establecer topes a la inversión publicitaria estatal en los medios de comunicación. Dice el parlamentario que su propuesta busca “evitar que con dinero del Estado se quiera torcer la opinión de un periodista que quiera criticar a un funcionario”. Habría que preguntarle por cuánto se tuerce a un periodista y en base a qué criterios llega a esa suma. Además, recordarle que ese dinero no va a manos de los periodistas, sino a las empresas de comunicación. Los críticos advierten que el proyecto de marras no es más que una venganza fujiaprista en contra del grupo El Comercio, al que se responsabiliza de la derrota de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales de 2016. Más allá de la intencionalidad política del escrito, ni el tema ni la discusión son nuevos. El Estado está obligado a mantener informada a la población y los medios estatales y las redes sociales –contrariamente a lo que Don Mauricio Mulder piensa– no tienen el alcance que sí ofrece un medio comercial masivo. Existe la ley 28874 que regula la publicidad estatal, promulgada durante el segundo gobierno de AG. Una norma bien intencionada pero sin reglamentación que ha dado origen y tremendos beneficios a las llamadas centrales de medios, empresas que deciden cuánto, cómo y dónde debe invertirse el presupuesto estatal en publicidad, a cambio del 15% del valor del contrato firmado. A falta de mayor control, estas continúan eligiéndose “a dedo”, por asignación directa, en el marco de la Ley General de Contrataciones. ¿No sería mejor empezar por reglamentar la 28874 y obligar a las intermediarias a participar en concursos públicos bajo la supervisión de la Contraloría, antes que utilizar la compleja relación entre el poder y los medios como pretexto para vendettas? Ahí le dejamos el dato, Don Mauricio. ❧
