Un nuevo proyecto de ley busca coartar radicalmente la publicidad estatal en medios privados. Es el acto más reciente en una ofensiva del bloque mayoritario del Congreso contra la prensa, a su vez parte de una hostilidad contra un sector de la empresa privada. Esta actitud evoca sombras de un estilo practicado por el chavismo y algunos de sus seguidores. Por este camino llegaremos rápido a algo similar a la Ley de Comunicación de Rafael Correa en Ecuador. En cinco años ella ha propiciado 900 juicios contra periodistas y medios, con el propósito de limitar el peso de los medios en la sociedad, sobre todo frente al poder del Estado. Atacar medios, e incluso cerrarlos, también ha sido una segunda naturaleza del chavismo. Lo que viene sucediendo puede ser visto como una reacción a los destapes sobre políticos que vienen transmitiendo, y sobre los que vienen elaborando, los medios privados. De cierta manera este es uno de esos clásicos intentos de matar al mensajero que trae noticias desagradables. Las normas antiprensa han ido apareciendo más o menos en simultáneo con el caso Odebrecht. Pero hay otras maneras de verlo. Una evidente es taparle la boca de una vez por todas al Ejecutivo, para el cual la publicidad en medios privados (que son casi todos) es una manera de comunicar indispensables contenidos a la sociedad. La han usado todos los gobiernos, y su monto ha venido creciendo también en todos, como parte de un Estado más interactivo. Ha habido variados intentos de atajar este crecimiento en el gasto, o volverlo más eficaz. De hecho, la publicidad estatal está regulada por ley, y viene funcionando en base a esa normatividad desde el 2006. Los disparos contra ella desde el 2016 no han buscado perfeccionarla, sino adecuarla a claros intereses políticos coyunturales. Este último, por su carácter excesivo, no parece un proyecto para ser aprobado, pues desataría una guerra de la que el bloque mayoritario no puede ganar. Pero como amenaza es perfecto, pues invita a la autocensura, y anuncia a todo lo que está dispuesto el poder congresal en los próximos tres años, y no solo en el terreno de la prensa.
