Este jueves, Marcelo Odebrecht se enfrentó al cuestionario de más de 40 preguntas preparado por el Ministerio Público para aclarar sus vínculos con la política peruana. Realizada en la sede de la Policía Federal de Curitiba, Brasil, su declaración tardó más de cuatro horas. Se hizo a propósito de tres anotaciones de sus agendas: “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”, “Anuncio Kuntur agora bom para Perú/AG” y “Humala? Perú (gas como oportunidade de aproximacao)”. Estuvieron presentes el fiscal brasileño Orlando Martello, de la força-tarefa para Lava Jato en Curitiba —quien condujo el interrogatorio—; los representantes del Ministerio Público peruano, con el fiscal José Domingo Pérez a la cabeza; los abogados de Keiko Fujimori y los abogados del propio Odebrecht. En palabras de Rafael Vela, coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, la diligencia se realizó sin contratiempos. El ex CEO del gigante brasileño de la construcción no evadió ninguna pregunta y sus respuestas fueron “exhaustivas” y “detalladas”. El interrogatorio de Curitiba ha sido el momento culminante de un par de semanas calientes. En pocos días ocurrió la reapertura del proceso por lavado de activos contra Joaquín Ramírez bajo el marco de la Ley contra el Crimen Organizado, que alcanza a Keiko Fujimori. Hace unos días, el diario El País reveló que Miguel Atala, vicepresidente de Petroperú durante el segundo gobierno de Alan García, pretendió depositar hasta 10 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra que, dijo, procedían de negocios agrícolas, inmobiliarios y textiles. Añadió que pretendía cobrar a través de este banco una comisión “de unos inversores brasileños”. Para responder a estas revelaciones —que amenazan a sus principales líderes políticos— la alianza de facto entre el fujimorismo y el aprismo ha abierto la caja de los truenos, llegando a poner en cuestión la estabilidad democrática del Perú. Como piezas de un dominó se han sucedido la acusación constitucional con el Fiscal de la Nación, la acusación constitucional que podría desmembrar el TC, las acusaciones constitucionales contra el ministro Carlos Basombrío, el intento por vaciar de contenido la negativa a una segunda moción de confianza del gabinete de ministros (que acarrearía el cierre del Congreso) y, por último, la descabellada opinión de la Comisión de Constitución, que, atentando contra la figura de la inmunidad presidencial contenida en la Constitución, afirma que Pedro Pablo Kuczynski está obligado a comparecer ante la comisión Lava Jato. Todo esto habrá sido una pura calistenia si se confirma lo que están adelantando varios medios: que en el interrogatorio, Marcelo Odebrecht confirmó a los fiscales peruanos haber financiado la campaña presidencial de Keiko Fujimori de 2011 y que las siglas ‘AG’ en efecto se refieren al ex presidente Alan García. La política peruana podría entrar en un espiral destructivo, con Fuerza Popular y el aprismo hermanados en su esfuerzo por romper el cerco que se estrecha alrededor de Fujimori y García. Habrá que estar preparados para lo que venga. A las fuerzas de la democracia —aquellas que han sabido responder a las permanentes amenazas contra el estado de derecho— les corresponderá volver a alzar la voz, para enfrentar los coletazos de ese autoritarismo desesperado y al borde del abismo. La resistencia se ha dado y se tendrá que volver a dar las veces haga falta.
