La comisión Lava Jato empezó a manejar el caso en abierta competencia con el sistema judicial. Visto en perspectiva, el propósito de quienes la han orientado no fue producir nueva información, y de hecho no han entregado ninguna importante. Su propósito parece haber sido limitar el flujo de la información. La local y la que venía del Brasil. En esto ha fracasado. Ahora estamos viendo el plan B de aquella estrategia de control del daño a Fuerza Popular. Hoy la mayoría del Congreso, a través de un representante (hasta ahora apoyado solo a través de mensajes de Internet) ya no quiere competir con el sistema judicial, sino simplemente aplastarlo, con una acusación que busca defenestrar al Fiscal General de la Nación, Pablo Sánchez. Para ello se ha elegido como tema la situación de las empresas asociadas con Odebrecht en estos años, peruanas en su mayoría. El acusador parlamentario las declara culpables de plano y considera que el fiscal Sánchez las está apañando, con lo cual este estaría incurriendo en inconducta funcional. No se dice, pero se sugiere en esto una suerte de complicidad. El caso paradigmático en lo anterior es Graña y Montero, a cuyos directivos Jorge Barata ha acusado de haber estado informados de las actividades delictivas de Odebrecht. Pero hasta ahora Barata no ha aportado una sola prueba en este sentido, condición indispensable para que el sistema judicial se ponga en marcha. La acusación se produce en un momento clave. Barata está reclamando beneficios legales a cambio de ampliar el espectro de sus delaciones, y hay una fuerte posibilidad de que lo consiga. Marcelo Odebrecht ha aceptado responder más preguntas a los fiscales peruanos y profundizar los datos que soltaron en un inicio sus telegráficas notas. Está a tres días de materializar su promesa. El fiscal Sánchez, apoyado por los integrantes de la fiscalía, ha respondido al desafío con la reapertura de algunos casos delicados para la cúpula de FP, y la promesa de seguir hurgando en aspectos novedosos en los subsidios electorales y el coimerío de Odebrecht. La sensación es que el acusador Daniel Salaverry ha sido usado de lorna para el sacrificio. No solo en este caso. También en el caso de Kenji Fujimori.
