Las constructoras brasileñas han desarrollado el método del cuentagotas para algunos temas de corrupción, como los del Perú. Luego de las primeras delaciones de impacto (un ex presidente, un ex viceministro), el resto de la información llegada del Brasil no ha modificado el panorama legal del caso Lava Jato más allá de las sospechas, fuertes o no. Hubo un momento inicial en el que se pensaba que vendría un gran desembalse de revelaciones, con casi 60 coimeadores haciendo cola para soltar nombres peruanos. Fue un primer desencanto. El número de delatores y de delatados se redujo considerablemente, y los viajes a Brasil no han logrado cambiar mucho las cosas. Un titular como “Jorge Barata todavía tiene mucho que decir” seguramente es exacto, pero también irónico e irritante. Con el tiempo transcurrido la pregunta es por qué no lo ha dicho ya, y si va a decirlo, cuándo lo va a decir. Esto vale también para varios otros altos ejecutivos de Odebrecht, socios en el secreto de su paso por la construcción peruana. Hay explicaciones para esto. Una es que dosifican la información para reducir el daño a la empresa y a su personal. Un daño que podría incluir malquistarse con el gremio político peruano si las delaciones empiezan a fluir a un ritmo más acelerado, o si entran a mayores precisiones. Otra es que la información disponible no sea tan clara como se espera. Hay una evidente discrepancia entre el ritmo al cual se sinceran los brasileños y el apuro que tienen los peruanos por pasar a terrenos más sólidos. La opinión pública, en altos porcentajes, está convencida de las culpabilidades de todos los tocados por el caso, no importa cuán insubstancialmente. Las demoras atizan las sospechas. El cuentagotas brasileño, la presión mediática y la necesidad de mantener cierto equilibrio entre los sectores políticos afectados y sospechados, han animado a los fiscales peruanos olvidar el cuentagotas y pisar el acelerador de las acusaciones. Tanto Fuerza Popular como el Apra se consideran injustamente agraviados con las acusaciones de haber formado organizaciones criminales. Porcentajes sustantivos de encuestados Ipsos (46% para Keiko Fujimori, 69% para Alan García) piensan que son acusaciones fundadas. Aunque por el momento esa opinión no pasa de ser un acto de fe, como lo fue en su momento la confianza en el desembalse de Odebrecht.
