El proyecto de ley para desaparecer a las organizaciones políticas locales de la esfera pública es un nuevo ejemplo de legislación que puede traer más daños que beneficios. Esta iniciativa busca que la postulación de candidatos a municipios distritales y provinciales solamente se dé a través de movimientos regionales y partidos nacionales. El argumento central es que la existencia de organizaciones locales debilita el sistema de partidos en tanto dificulta la presencia y representatividad de los partidos nacionales. La realidad, sin embargo, es que a lo largo de las elecciones de los últimos quince años los partidos han ido perdiendo espacio en el ámbito municipal, no por el ascenso las organizaciones locales, sino por el fortalecimiento de los movimientos regionales y por motivos que son de su estricta responsabilidad. De hecho, las organizaciones locales han ganado cada vez menos municipios. La iniciativa legislativa no atiende el problema de fondo. Una norma así no va a aumentar la participación de los partidos políticos a nivel barrial y vecinal, ni cambiar el hecho de que en la actualidad estos no representan a la ciudadanía ni están realmente conectados con las demandas locales. Si no existe un cambio real de las dinámicas partidarias, la desconexión entre la política y los ciudadanos se seguirá ampliando. La norma, además, puede extinguir el surgimiento de nuevos liderazgos locales que mantengan un verdadero compromiso para resolver los problemas de sus comunidades. La política municipal, que por su naturaleza termina siempre siendo más próxima a los problemas diarios de la gente, no puede ser limitada tan ligeramente. Eliminar a las organizaciones locales solo logrará desincentivar a ciudadanos que no necesariamente comulgan con un partido político, pero que tienen el potencial y la voluntad de ser agentes de cambio en sus localidades. Eso sería un error.
