La reciente encuesta de GfK muestra que el grueso de los dirigentes políticos se mantiene en un nivel de aprobación estacionario, con subidas o bajadas de uno a dos puntos, dentro del margen de error estadístico. Sólo César Acuña muestra una elevación significativa en su aprobación, atribuible a que está tempranamente en campaña, para las elecciones municipales y regionales del 2018. Para quien la encuesta representa un desastre es para el presidente Pedro Pablo Kuczynski, cuya aprobación se ha desplomado en 13 puntos durante el último mes, llegando al 19%, mientras que su desaprobación asciende al 77%. No le va mucho mejor al Congreso, con 19% de aprobación, igual que el presidente. Subraya la magnitud de la caída de Kuczynski la mejor suerte que tienen sus ministros: el premier Zavala tiene 29% y todos los demás ministros se han mantenido o han subido en su nivel de aprobación, con la previsible excepción de la ministra de educación, Marilú Martens, con apenas 11% de simpatías. Está a la luz el resultado de la pretensión de Kuczynski, de gobernar con un equipo de tecnócratas y lobistas. Con operadores políticos, la huelga magisterial pudo haberse enfrentado por lo menos hace un par de meses, pero eso no podía entrar en el radar de un gobierno sin brújula. El gobierno fracasó en su intento de demonizar la movilización magisterial, y la campaña del ministro Carlos Basombrío, de acusar de senderistas a los dirigentes, no funcionó. Un contundente 87% de la opinión pública apoya a los maestros y considera justas sus demandas. Al mismo tiempo, un 85% de los encuestados apoya la necesidad de la evaluación docente. Patria Roja pierde el control de un gremio laboral de un gran peso, y afronta además la amenaza de perder control de la Derrama Magisterial, una entidad que mueve mucho dinero y cuyo manejo queda puesto en cuestión. Se trata ahora de asegurar que sea manejada democráticamente por los maestros, garantizando la transparencia en el manejo de sus recursos. La huelga magisterial ha ocupado la agenda política y ha desplazado de la atención de la opinión pública una cuestión que previsiblemente ocupará buena parte del escenario hasta las elecciones del 2021: la corrupción. Hay novedades. El acuerdo de cooperación voluntaria firmada por Josef Maiman y la fiscalía debe pesar decisivamente en la extradición de Alejandro Toledo por recibir sobornos. Por otra parte, finalmente se comprobó documentalmente la existencia de la anotación de Marcelo Odebrecht, relativa a mejorar el apoyo económico a Keiko Fujimori, cuya existencia ella había negado categóricamente. La nota en cuestión se encuentra ya en manos de los fiscales peruanos, y, según declaraciones de agentes de la justicia brasileña, hay más información que se puede recabar de las declaraciones de otros colaboradores premiados. La respuesta de Keiko Fujimori ha sido desaparecer y encerrarse en un estruendoso silencio sobre el tema. Resulta por eso sumamente preocupante el nombramiento de una procuradora para el caso Odebrecht cuyos antecedentes hacen temer una política de encubrimiento, más que de clarificación de las acusaciones de corrupción. Silvana Carrión Ordinola es una fujimorista públicamente conocida que ha sido abogada de los Sánchez Paredes, la familia norteña acusada por narcotráfico, ha formado parte del estudio de abogados Azabache Caracciolo, que asumió la defensa y representación de Odebrecht en el Perú, y su esposo ha sido asesor del fujimorista Luis Galarreta. Es verdaderamente preocupante que no ha sido nombrada por los fujimoristas sino por el gobierno, lo que hace preguntarse si existe un real compromiso de PPK en el combate contra la corrupción. Información ya conocida adquiere pues una renovada importancia. Pedro Pablo Kuczynski, luego de firmar el convenio de la carretera interoceánica con Odebrecht, abandonó el gobierno de Alejandro Toledo y fundó la ONG Asociación Empresarial para el Desarrollo Rural, de la cual asumió la presidencia, el 2007, poniendo como vicepresidente a Jorge Barata, nada menos que el responsable del pago de sobornos de Odebrecht, y un año después lo ascendió a presidente; un antecedente que debería encender las alarmas. La amenaza vigente es que la corrupción haya involucrado no solo a tal o cual partido sino al sistema político en su conjunto: un escenario donde el esquema de corrupción montado durante el primer gobierno de Alan García habría sido heredado por los gobiernos que lo sucedieron, que no lo enfrentaron sino decidieron usufructuarlo. Solo la permanente vigilancia ciudadana podrá asegurar que la hidra de mil cabezas de la corrupción no vuelva a burlar a la justicia.
