La súbita (y trágica) muerte del expresidente de Chile Sebastián Piñera (1949-2024) invita a realizar un primer balance sobre su trayectoria política al haber sido presidente en dos ocasiones (2010-2014, 2018-2022). Como suele ocurrir con varios líderes políticos —y Piñera no es la excepción—, hay más grises que tonos definidos al momento de revisitar su trayectoria. De ahí que la solemnidad del protocolo fúnebre organizado por el Gobierno de Gabriel Boric contraste con la ocupación espontánea de plaza Baquedano (el lugar central del estallido social) por quienes celebraban su fallecimiento y lamentaban su impunidad.
Considerando que todo balance es preliminar, quisiera centrarme en tres aspectos a partir de los cuales evaluar la actuación del expresidente. Son áreas que considero relevantes en la historia reciente de Chile, pero que van a determinar la política y la dinámica del país en las próximas décadas: el rol de la derecha y la democracia; la migración; y el estallido social. En todos ellos, Piñera jugó un rol determinante como líder político y presidente, y sus aciertos (y desaciertos) pasaron a convertirse en política de Estado. Veamos cómo.
El triunfo electoral de Piñera en 2010 representó el regreso de la derecha a La Moneda luego de veinte años de transición y cuarenta desde el inicio de la dictadura. En el plebiscito de 1988, promovió el voto por el “no”, que marcó el inicio de la transición. Piñera entendió que la única forma de conseguir la Presidencia era tomando distancia de la dictadura y las violaciones a los derechos humanos, si bien manteniendo y profundizando el legado neoliberal (nada sorpresivo dado su entorno empresarial).
Ya como presidente, tuvo una serie de gestos que buscaban desmarcarlo de la actuación de los militares golpistas y sus defensores. Con motivo del 40 aniversario del golpe, decidió el cierre del penal Cordillera, donde condenados como Manuel Contreras (exjefe de la DINA) cumplían sentencia en condiciones muy favorables. De igual modo, planteó la existencia de “cómplices pasivos” de la dictadura, es decir, aquellos “que sabían y no hicieron nada o no quisieron saber y tampoco hicieron nada” (su hermano José fue ministro de la dictadura).
A veces, estos gestos no fueron lo suficientemente robustos. Por ejemplo, en 2018, con motivo del 45 aniversario del golpe militar, desaprovechó la oportunidad para hacer un llamado más enfático en defensa de la democracia, como lo había hecho cinco años antes. Fue una ceremonia un tanto deslucida, donde el exmandatario no condenó a nadie por el golpe. Por el contrario, trasladaba este a una serie de causas estructurales y vagas, donde la democracia “venía enferma, muy enferma y desde hacía mucho tiempo”.
El éxodo venezolano ha sido uno de los principales desafíos para el país en los últimos años. Desde el retorno a la democracia, el país había recibido un flujo continuo de inmigrantes. De hecho, la migración peruana fue una de las más importantes junto con la de Haití y Colombia. No obstante, desde mediados de la década pasada, este flujo cambió de origen y en número con la migración venezolana. El deterioro de las condiciones de vida en Venezuela empujó a sus ciudadanos en busca de mejores horizontes.
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La administración de Piñera dio una serie de disposiciones para “ordenar la casa” al canalizar la migración masiva y reducir su vía irregular. Por ejemplo, se tenía que solicitar visa de ingreso en el país de origen y ya no al llegar a Chile. Además, creó un visado especial de duración de un año para que los recién llegados pudiesen regularizar su situación.
La falta de preparación del Gobierno para organizar este flujo llevó a decisiones contradictorias. El proyecto más ambicioso fue la nueva Ley de Migración (abril 2021) para regularizar a los migrantes en suelo chileno. Pero se dieron numerosas irregularidades, desde reducir el acceso a solicitantes de visa más allá de plataformas virtuales hasta la desaparición de visas en trámite. El otorgamiento de visas y cédulas, que pudo haber ayudado en la formalización, fue lento e ineficiente, lo que agravó la crisis migratoria.
La movilización más importante en la historia de Chile no le “tocó” a Piñera como algo que llega de manera imprevista o del espacio exterior. Si bien las causas del malestar social eran profundas y se arrastraban desde décadas atrás, el Gobierno de Piñera contribuyó a agravarlas con la negativa a emprender reformas estructurales (pasó por alto el proyecto de reforma constitucional de Michelle Bachelet), un pésimo manejo económico (más de 1.100 empresas habían iniciado proceso de quiebra solo en 2019) y la arrogancia de sus ministros y operadores políticos para responder a las demandas populares.
Desde un primer momento, Piñera optó por desconocer las causas de la movilización y las atribuyó a un “enemigo poderoso” para luego declarar de manera irresponsable: “Estamos en guerra”. Si bien no todos en el alto mando siguieron esta consigna, el resultado fue desolador: la represión policial contra los manifestantes desplegó 20.000 carabineros, quienes dispararon más de 104.000 tiros de escopeta solo en las 2 primeras semanas. Más de 400 personas sufrieron mutilaciones en el rostro y perdieron la vista, total o parcialmente.
Después de dejar el poder, Piñera mantuvo su versión y la fue afinando a tal punto de señalar que el estallido social había sido un “golpe de Estado no tradicional”. Aun así, fue citado a declarar como imputado el año pasado, junto con cuatro autoridades del Ministerio del Interior, donde señaló que parte de la responsabilidad se debió a la inoperancia de los servicios de inteligencia. Su fallecimiento llevó a que su participación en este proceso fuese sobreseída.
Por lo pronto, la derecha local no ha perdido tiempo. Los gestos del Gobierno hacia la memoria del fallecido expresidente han sido mal interpretados como una debilidad de la izquierda y una reafirmación positiva y ciega de la actuación de Piñera en vida. Varios líderes de dicha agrupación utilizaron el velorio para proclamarse potenciales candidatos ante las próximas elecciones presidenciales, con fotos grupales que distan mucho del respeto que dicen profesar a la familia del expresidente y a sus restos.
Como señalan algunos, el expresidente se fue impune y sin responder por ninguna de las investigaciones que se estaban realizando por su participación en negociados millonarios y de violación de derechos humanos. Lo importante va a ocurrir en los próximos meses, cuando su imagen sea utilizada para unificar a una centro-derecha o la radicalización actual de este movimiento pase por alto su legado y borre lo conseguido desde la transición.