La ley Soto-Cerrón y la deforestación, por Humberto Campodónico

Hace 10 días, el Congreso aprobó la Ley 31973, con la firma de Alejandro Soto y Waldemar Cerrón, que modifica la Ley Forestal 29763 del 2011. El proyecto de ley había sido observado por el Ejecutivo y también por organizaciones indígenas y de la sociedad civil. Fue aprobada “por insistencia” del Congreso, entre gallos y medianoche. Además, se saltó a la garrocha los pedidos de reconsideración de la votación de las congresistas Ruth Luque y Susel Paredes.

Ha dicho Marc Dourojeanni, reconocido especialista peruano en temas ambientales, áreas protegidas y manejo de fauna: “Esa modificación va a provocar un caos en la gestión de los bosques del Perú y, sin duda, una aceleración de la deforestación, precisamente contra la corriente mundial en estos días de preocupación extrema por el cambio climático. Nuestra reputación de país poco serio aumentará mucho”.

Es importante tener claro cuál es la fuente mayor de emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) en el Perú. Según el Inventario del Ministerio del Ambiente, en el 2019 (último año registrado), del total de 210.404 gigagramos de dióxido de carbono equivalente, el 48% provino del uso de la tierra y del cambio de su uso; ese cambio del uso es la deforestación en la Amazonía (ver gráfico). Le sigue el uso de la energía (transporte, petróleo, gas, sector manufactura y construcción). Más atrás viene la agricultura tradicional, desechos y otros.

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En EEUU y Europa, la cosa es al revés: el consumo de combustibles fósiles para generar energía es el 70% del total. Y eso contamina a todo el globo: el compromiso principal de esos países es reducir esas emisiones. En el Perú —y otros países amazónicos— nuestro compromiso es también la transición energética hacia las energías renovables.

Debiéramos, entonces, centrarnos en reducir la deforestación. Dice Ceplan que “la pérdida total de bosques en la Amazonía peruana fue de 2,7 millones de hectáreas (ha) del 2001 al 2021. Asimismo, los bosques, que en 2010 contabilizaban 69,6 millones de ha, se han reducido hasta 67,9 millones de ha” (1). Impresionante. Ojo, hay quienes afirman que se han deforestado de 8 a 10 millones de ha, el 10% del total.

Según los promotores de la Ley 31373, de lo que se trata “nada más” es de beneficiar directamente a pequeños agricultores que han deforestado las tierras hace muchos años y que, hoy, no pueden avanzar en su cultivo, pues no tienen títulos de propiedad. Por tanto, se trata de legalizar una situación en la que el daño ya está hecho, es irreversible. Esa titulación no fomentaría más deforestación. Si eso fuera así, estaría bien.

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Pero sucede que, en la Disposición Complementaria se habilita la creación de “áreas de exclusión para fines agropecuarios”, que no requerirán pasar por una clasificación por su capacidad de uso mayor ni cumplir los requisitos exigidos en la anterior Ley 29763. Con ello, dice César Ipenza, “la norma se convertirá en un mecanismo de impunidad, destrucción y violación de derechos humanos, al permitir la instalación de actividades agropecuarias o agroindustriales sin evaluar, antes, si un área tiene capacidad para ser usada como tierra forestal o agropecuaria” (Ojo Público, 11/02/23).

Y agrega: “Esto beneficia a actores que han incumplido, previamente, los requisitos exigidos en la ley, debilita la protección a los bosques y la gestión ambiental, además de ignorar los derechos de los pueblos indígenas e incentivar la deforestación. En otras palabras, los beneficiados serán la gran industria, organizaciones criminales y actores con antecedentes de delitos ambientales, que gozarán de impunidad”.

Veamos solo a uno de los beneficiados: se trata de la palma aceitera, que ha aumentado del 2000 al 2019 de 15.000 a 108.000 ha, más del 700%. Este crecimiento ha estado asociado a la pérdida del bosque amazónico, sobre todo, en Loreto, Ucayali, San Martín y Huánuco. A lo que se agrega el impacto que puede tener la gran demanda de agua de este cultivo. Habrá que analizar quiénes han sido parte del gran lobby que impulsó esta ley.

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Y aquí llegamos nuevamente al “Perú fracturado” de Francisco Durand. Junto con la economía formal e informal existe la delictiva, que incluye, claro está, la corrupción. Dice Ceplan: “Desde el desarrollo agrícola sin control hasta el tráfico de vida silvestre, la corrupción se habría infiltrado en todos los aspectos de la gestión ambiental. Buena parte de los delitos ambientales en la Amazonía serían posibles gracias a la complicidad de burócratas, fuerzas de seguridad, fiscales, reguladores y políticos regionales que estarían actuando como facilitadores, permitiendo el tráfico de tierras, la deforestación, la extracción ilegal de recursos naturales y el transporte, procesamiento y venta de madera, oro y fauna” (1).

A esos delitos hay que sumarles los asesinatos a los líderes indígenas en los últimos años y meses, pues, en muchos casos, las “nuevas tierras” son de propiedad de las comunidades indigenas. Por ello y por lo señalado antes, han protestado la Aidesep y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), entre otras.

Tema de fondo: el Perú desaprovecha la oportunidad de diversificación productiva, de aumento de la produccion para el mercado nacional y externo, así como de creación de empleos porque no hay una política clara de promoción de plantaciones maderables, amigables con el medio ambiente, lo que sí hacen otros países.

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Tenemos 72 millones de ha de bosque, mucho más que los 18 millones y 2 millones de Chile y Uruguay, respectivamente. Pero Chile y Uruguay en el 2022 exportaron 3.100 y 1.100 millones de dólares, respectivamente, de madera y manufacturas de madera. Perú exportó en el 2022 solo US$118 millones. Chile y Uruguay tuvieron planes para el desarrollo del sector. ¿Y el Perú? Bien, gracias, con el piloto automático.

Bruno Seminario, autor de la obra monumental El desarrollo de la economía peruana en la era moderna. Precios, población, demanda y producción desde 1700, lamentablemente fallecido, dijo en el 2021 que, en un lapso relativamente corto, con una política apropiada de desarrollo productivo, “se podría estar exportando US$6.000 millones anuales en madera procesada, no en bruto. La ventaja es que el sector maderero está ubicado en la cuenca del Ucayali, especialmente la zona de Pucallpa” (Revista Ideele, 11/05/2021).

El tema es multisectorial. Está el cambio climático y la reducción de los GEI, con el Minam, lo que incluye los compromisos con la COP de las Naciones Unidas, así como posibles violaciones a reglas de exportación con la Unión Europea. La protección de los derechos indígenas. El fomento al desarrollo productivo desde Produce y las mesas CITE. El aumento de las exportaciones, que debería estar también en la mira del MEF. Las políticas del Midagri y de Serfor, que hacen todos los esfuerzos, pero con poco apoyo político y presupuestal. La lucha contra la corrupción debería involucrar no solo al Ministerio del Interior, sino a todo el Gobierno.

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Esa es la agenda prioritaria y urgente. Pero el Congreso se salta todo a la garrocha en la defensa de intereses particulares que apuntan a la economía delictiva, en medio de la pasividad del Gobierno. Volviendo a Dourojeanni: “Es increíble que cambios tan importantes para la Amazonía se reduzcan a una ‘disposición complementaria final única’, cuando, en realidad, el tema merecía todo el texto principal de una nueva legislación sobre desarrollo rural y forestal amazónico”. Ya sabemos por qué.

(1) Ceplan, diciembre 2023: El sector forestal en el Perú: Propuestas estratégicas para fortalecer su desarrollo https://bit.ly/3O6ylw4