Remuneración y justicia social, por Miguel Palomino

Como tantas veces lo han hecho presidentes en el pasado, Dina Boluarte no pudo dejar de mencionar a la Remuneración Mínima Vital (RMV) en su mensaje a la nación. Dijo que pronto espera poder anunciar un aumento en la RMV que “mejore las condiciones de vida de nuestras trabajadoras y trabajadores”. Hoy veremos cómo la RMV se ha vuelto un ejercicio populista que poco tiene que ver con las condiciones de vida de la inmensa mayoría de “nuestras trabajadoras y trabajadores”.

En primer lugar, como todos saben, más de las tres cuartas partes de los trabajadores son informales. Es decir, no les afecta en modo alguno los cambios de la RMV. No aplica. Por eso es que no debe sorprendernos que el 44% del total de trabajadores peruanos gane menos que la remuneración “mínima”.

De la restante cuarta parte de trabajadores, los formales, la mayoría gana un ingreso mayor que la RMV, con lo cual tampoco se ven afectados por cambios de ésta. Queda así un muy pequeño porcentaje de trabajadores (2% del total) que se podrían ver afectados directamente por un cambio en la RMV. La evidencia disponible tampoco indica que la RMV se use para determinar otros salarios.

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El lector se preguntará, entonces ¿por qué hablan tanto de algo que no impacta a casi nadie? Como mencioné al principio, es puro populismo.

Basta con ver quiénes están representados en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) donde se discute la RMV. Los trabadores informales no están en lo absoluto representados. Las tres cuartas partes de los trabajadores no existen para estos fines. Dentro de la cuarta parte que podría estar representado, sólo lo están los trabajadores sindicalizados que, según el Ministerio de Trabajo, son menos del 5% de los trabajadores formales.

En resumen, no sólo la RMV sino casi todo aspecto de la política laboral del Perú se decide en base a la realidad y conveniencia de una pequeña fracción de los trabajadores. Estos son los trabajadores que le interesan a los políticos, sobre todo a los de izquierda. Es por eso por lo que no se hace nada por la gran mayoría de trabajadores, pero sí se sobre regula a aquellos que importan políticamente.

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La estabilidad laboral, las gratificaciones, la CTS, las vacaciones, el seguro social y otras son las “conquistas sociales” de los trabajadores formales, pero no existen para la gran mayoría. El costo de esas “conquistas sociales” para unos pocos lo pagan la mayoría quedándose sin empleo formal.

Como dijimos hace más de un año en esta columna (Tomates y empleo, 27 de Julio del 2022), independientemente de cualquier criterio de justicia o moralidad, fijar una RMV es poner un control de precios, con resultados previsibles.

Quien contrata a un trabajador espera de él cierta productividad que justifique su salario. Si esta productividad es mayor al salario que paga, siempre le va a convenir emplearlo. Si no lo es, no lo contratará legalmente. Así, a unos pocos se les beneficiará con una RMV, mientras que a muchos se les perjudicará dejándolos sin empleo legal.

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Toda sociedad tiene que escoger a quién beneficiará y a quién perjudicará. En el Perú, con tanta informalidad, debería ser claro: ¿queremos proteger a una pequeña minoría a costa de la gran mayoría? ¿Queremos que muchos estén forzados a trabajar sin las protecciones sociales mínimas, para que unos pocos gocen de beneficios?

Esta forma de pensar no es muy popular, pero no por ello deja de ser cierta. Existen decisiones, como las regulaciones laborales o el nivel de impuestos, que usualmente no se sustentan en criterios económicos sino sobre un sentido de justicia social. Lamentablemente, las buenas intenciones no cuentan para los resultados. La economía nos dice cuáles son los resultados previsibles de ciertas medidas. Nos ayuda a decidir si realmente nos acercan a alcanzar la justicia social.