Procuradores a dedo

El efecto de tierra arrasada que está provocando la acción concertada entre el Legislativo y el Ejecutivo para el desmontaje institucional en el que se están empeñando ha tenido una nueva víctima. Se trata ahora de la selección a dedo de procuradores para el Congreso y otras instituciones públicas, en las que ya no intervendrá la Procuraduría General de la República.

De acuerdo con la ley —que fue emitida por el Congreso y ratificada por el Gobierno de Dina Boluarte—, se permitirá que la institución elija al procurador, a la medida de la necesidad. Ya no se podrán dar las sorpresas de un procurador pidiendo apertura de una investigación a una presidenta en ejercicio o a un ministro de Estado. Ahora, por ejemplo, será un funcionario dependiente del poder político el encargado de los casos de delitos de los congresistas. 

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Es un sueño hecho realidad para los parlamentarios. Sin la presencia de procuradores, cuya función es ser defensores del bien público, realizarán las tropelías de costumbre, como el uso indiscriminado de pasajes, la pobre sustentación documental que acredite los gastos congresales, el recorte salarial al subalterno para provecho del congresista, y así una serie de inconductas que ya correrán sin freno.

Esta reducción de fiscalización también deslegitimará una labor de gran consenso en la sociedad. No se puede olvidar la acción de los procuradores en tiempos del posfujimorismo. Sin su firmeza en la defensa legal del Estado y su papel en el destape de la trama oscura que rodeaba a Montesinos y al expresidente Fujimori, se hubiera puesto en riesgo el fin de la dictadura.

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El desmontaje de la institucionalidad democrática que se ha llevado por delante la Sunedu, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, y que apunta ahora a la Junta Nacional de Justicia y a la Procuraduría, pone en claro el acuerdo entre el Legislativo y el Ejecutivo para lograrlo. Sin el concurso consciente de ambos poderes del Estado, hubiera sido imposible hacerlo tan rápido.

Hay que señalar que se trata ahora de la pérdida de autonomía e independencia de la justicia frente a la política y que se va construyendo paso a paso desde el Congreso. La importancia de preservar el derecho de la coyuntura electoral y política es una de las piedras filosofales de la democracia. No entenderlo y seguir admitiendo la tiranía congresal es haber perdido el rumbo como país moderno e ir dando pasos atrás camino a la caverna.