“¿Pero por qué viven ahí?”

“Si saben que es un lugar de riesgo, ¿por qué viven ahí?”. Nunca falta quien haga esta pregunta ante los huaicos que dejan miles de damnificados todos los años.

En el mercado, incluso un departamento “barato” en un distrito periférico de Lima no baja de 30 a 50 mil dólares. En las zonas más consolidadas, los precios de locura pueden superar fácilmente los 150 o 200 mil dólares.

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Pero el 90% de los hogares tiene ingresos familiares menores de mil dólares, según datos del INEI. Un departamento puede costar entre 30 y 200 veces el ingreso familiar mensual máximo de la mayoría de los peruanos. Para colmo, con 70% de informalidad laboral es casi imposible que sean sujetos de crédito. Y si lo fueran, las tasas abusivas de los bancos pueden elevar el costo de una vivienda hasta el doble del precio de venta.

Lima tiene un mercado inmobiliario dinámico, con muchos edificios en constante construcción. Pero ese mercado satisface apenas a algunos miles de familias. Al 2021, por ejemplo, se vendieron 15 mil unidades de vivienda en Lima y Callao, el 45% en los distritos consolidados. Mientras tanto, millones de personas requieren de una vivienda adecuada, pero no pueden acceder al mercado.

Por ello, 80% de las viviendas son autoconstruidas; es decir, esa necesidad se satisface fuera del mercado. ¿En dónde? En aquellos suelos sin interés para las inmobiliarias: las laderas de los cerros, las riberas de los ríos, los cauces de los huaicos. Muchísima gente se ve obligada a construir allí, pues está excluida de un mercado que no la ve como negocio.

Una política de vivienda social, acceso al suelo y asistencia técnica para la autoconstrucción es la única solución de fondo frente al crecimiento descontrolado de nuestras ciudades en zonas de alto riesgo. Y un primer paso para ello es volver a incluir el derecho a la vivienda y al hábitat en la Constitución, de donde lo sacaron el 93.