Cuando empecé a trabajar en el Perú en la década de los ochenta, la palabra “crisis” estaba de moda. El país se encontraba en medio de la hiperinflación y un sangriento conflicto armado interno, seguidos de una década de gobierno autoritario bajo Alberto Fujimori. En noviembre del 2000, luego de que él huyó del país en medio de graves acusaciones de corrupción, un gobierno interino liderado por Valentín Paniagua guió el país a una transición hacia la democracia. Hubo reformas del sistema electoral, del Poder Judicial y de la Policía Nacional. Sin embargo, a pesar de que fue producto de un golpe de Estado, se decidió no cambiar la Constitución de 1993.
Luego de las elecciones del 2001, el país entró en un periodo de relativa estabilidad política. Eso, y el crecimiento económico en los años siguientes, parecía dar razón a quienes no quisieron cambiar la Constitución.
Veinte años después, el sistema político actual, que tiene como base la Constitución de 1993, está en crisis. Eso se ha ido evidenciando cada vez más, especialmente desde 2016, cuando la relación Ejecutivo-Legislativo se giró hacia la confrontación permanente. Cinco presidentes en tres años (2018-2021) y la amenaza constante del Legislativo de revocar al actual presidente son señales de ello. Otro indicador: todos los presidentes desde el retorno a la democracia están acusados o envueltos en procesos judiciales por corrupción. El hecho de que el 2021 los y las peruanos(as) tuvieron que escoger para presidente entre una persona acusada de graves hechos de corrupción y un total desconocido es otra señal.
El gobierno de Pedro Castillo tiene mucho que cuestionarse. Ha demostrado una actitud patrimonialista en su manejo de la cosa pública, con graves señalamientos de corrupción, nepotismo, ineptitud, y hostilidad hacia la prensa. Es necesario asegurar que rinda cuentas por ello y, ojalá, enderezara su gestión.
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Pero la crisis que vive el Perú no es coyuntural, es sistémica. El sistema político y económico heredado por el fujimorismo ha llevado el país a este momento, y solo un cambio profundo de este sistema sacaría al país de la crisis endémica que sufre. Los políticos se han demostrado incapaces de hacerlo. Eso no pasa solo en el Perú: en Chile, por ejemplo, los líderes de la transición hacia la democracia tampoco se atrevieron a cambiar la Constitución heredada del dictador Augusto Pinochet. Treinta años luego, la ciudadanía hizo sentir su voz a través de protestas masivas, y ahora el país está en un proceso de elaborar una nueva Constitución. En el Perú, es el momento de que la ciudadanía tome la palabra y haga sentir su voz, como lo hizo en 2000 ante la ilegal y fraudulenta reelección de Alberto Fujimori y en noviembre del 2020 ante el gobierno usurpador de Manuel Merino, para exigir el cambio del sistema político y económico que el Perú necesita.