
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Pacto Histórico y diversas organizaciones sociales lideran este jueves el primer paro nacional en Colombia contra la administración de Abelardo de la Espriella. Las movilizaciones rechazan la Ley de Rescate Económico, una reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo derechista para incrementar la recaudación y frenar la deuda pública mediante el alza en los aportes de salud de la clase media, la ampliación del impuesto de renta a sectores de bajos ingresos y la reducción de gravámenes empresariales, en medio del encarecimiento del costo de vida.
En Bogotá, ocho marchas confluyen hacia la Plaza de Bolívar tras el llamado del expresidente Gustavo Petro (2022-2026), actual líder opositor. "Invito a toda la ciudadanía colombiana (...) a salir a las plazas públicas este 19 de noviembre, a luchar por la comida, por la vida, por el ingreso familiar, que está en peligro debido a un mal gobierno", exhortó en su cuenta de X. Según la agencia EFE, la protesta sindical también se replica en las principales urbes del país cafetero, donde manifestantes con banderas y pancartas exigen archivar el polémico proyecto fiscal.
El proyecto de reforma tributaria en Colombia busca reducir el umbral de ingresos para tributar, al incorporar una tarifa marginal del 9 % sobre la renta líquida gravable situada entre 720 y 1.090 unidades de valor tributario (UVT). De acuerdo con una simulación del Ministerio de Hacienda, los asalariados comenzarían a efectuar pagos reales desde los 5 millones de pesos colombianos brutos mensuales —frente a los más de 9 millones actuales—, sin alterar los requisitos vigentes de declaración. Ante ese panorama, el senador opositor Iván Cepeda advirtió a EFE que la propuesta "va a empobrecer definitivamente a muchos sectores vulnerables".
De manera simultánea, De la Espriella comunicó la eliminación del alza al IVA para productos de la canasta familiar, medida ratificada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, frente a los ponentes. La cartera económica analiza alternativas fiscales que permitan compensar el recaudo esperado mientras la iniciativa legislativa avanza hacia su primer debate en el Congreso.
Sindicatos y sectores opositores rechazan las nuevas reglas para la protesta social que el Ejecutivo fijó mediante el Decreto 1525 del 13 de octubre, normativa que autoriza a la Policía a intervenir frente a hechos violentos antes del cierre del diálogo y define pautas ante bloqueos viales. La senadora Jennifer Pedraza tildó la medida de "regresiva e inconstitucional" por no tramitarse como ley estatutaria en el Congreso, mientras que la organización Temblores alertó sobre el riesgo de criminalizar las movilizaciones.
Por su parte, la Presidencia respaldó el protocolo al asegurar que resguarda las marchas pacíficas y regula el uso de la fuerza. De cara a las concentraciones del 19 de noviembre, De la Espriella instaló un Puesto de Mando Unificado en la Casa de Nariño para monitorear el desarrollo de la jornada en tiempo real.

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