Crisis económica y escándalo en Justicia profundizan el desgaste político del gobierno de José Antonio Kast

La gestión del presidente chileno José Antonio Kast atraviesa un escenario de creciente desgaste, marcado por la coincidencia de una economía debilitada y una controversia judicial que puso en entredicho uno de los principales compromisos de su proyecto político: el restablecimiento del orden y la seguridad.

La pérdida de respaldo ciudadano refleja la magnitud de las dificultades. Kast inició su mandato el 11 de marzo con una aprobación del 57%, pero los últimos sondeos sitúan su popularidad entre el 26% y el 32%. La desaprobación, por su parte, alcanza el 64%, en un contexto donde las expectativas de recuperación económica y estabilidad institucional comienzan a desvanecerse.

Desempleo y bajo crecimiento complican el panorama

La situación laboral constituye uno de los principales problemas para el Ejecutivo. La tasa de desocupación llegó al 9,8% en el trimestre móvil julio-septiembre, su nivel más elevado en cinco años. El número de desempleados superó el millón de personas, mientras que en los últimos doce meses desaparecieron aproximadamente 103.000 puestos de trabajo.

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El impacto fue especialmente significativo entre mujeres y jóvenes, sectores que enfrentan mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral.

Las perspectivas económicas tampoco muestran señales claras de recuperación. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) registró un crecimiento interanual de apenas 0,2% en septiembre, después de dos meses consecutivos de contracciones. Las estimaciones apuntan a una caída del 0,8% del producto interno bruto durante el tercer trimestre.

El Banco Central, además, redujo sus proyecciones de crecimiento para 2026 a un rango de entre 0,25% y 0,75%, muy lejos de las expectativas que manejaba el mercado hace un año.

La minería, uno de los principales motores productivos del país, también contribuyó al retroceso, con una contracción del 12,6%. El envejecimiento de los yacimientos, los mayores costos de producción y las interrupciones provocadas por emergencias climáticas figuran entre las causas del resultado.

A estas dificultades se suma el encarecimiento de la vida. La inflación interanual llegó al 4,1% en agosto, impulsada parcialmente por el incremento de los combustibles. El denominado “bencinazo”, consecuencia de la decisión gubernamental de trasladar a los consumidores el aumento internacional de los carburantes, afectó el poder adquisitivo de los hogares y profundizó el malestar ciudadano.

Rebajas de condenas provocan una crisis política

Mientras el Gobierno intenta responder a la situación económica, una controversia en el Ministerio de Justicia abrió un nuevo frente de conflicto.

La polémica surgió tras conocerse que se habían firmado decretos para reducir las condenas de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales, incluidos abusos contra menores. Algunas de estas decisiones permitieron la salida anticipada de prisión de los condenados.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió los procedimientos y sostuvo que se ajustaron a la legislación vigente y a los criterios establecidos por los tribunales. El argumento ministerial se basa en que las restricciones incorporadas mediante una reforma legal de 2022 no podían aplicarse retroactivamente a delitos cometidos antes de su entrada en vigor.

No obstante, la explicación no consiguió frenar las críticas. El episodio golpeó directamente el discurso de Kast, quien había convertido el endurecimiento de las políticas de seguridad en uno de los ejes de su propuesta electoral.

Aunque el presidente reconoció que su administración cometió un error, decidió mantener a Rabat en el cargo, argumentando que su destitución no resolvería el problema de fondo.

El rechazo ciudadano quedó reflejado en las encuestas: el 70% de los consultados está en desacuerdo con la permanencia del ministro, mientras que el 78% desaprueba la forma en que gestionó la controversia.

La controversia también provocó la renuncia del subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien había firmado algunos de los decretos cuestionados durante la ausencia de Rabat.

En el Congreso, legisladores opositores preparan una acusación constitucional contra el ministro, mientras que algunos parlamentarios de derecha han manifestado su disposición a respaldarla. La situación ha generado divisiones dentro de la propia coalición gubernamental.