
México presentará una denuncia en Estados Unidos por la muerte de Emiliano Andrade Covarrubias, un ciudadano mexicano de 56 años que falleció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Laredo, Texas. El caso elevó a 18 el número de mexicanos muertos bajo custodia migratoria o durante operativos de control desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la medida y ordenó reforzar la red consular mexicana para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos en el extranjero, en particular de quienes permanecen detenidos por las autoridades estadounidenses. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de su titular, Roberto Velasco, ya estableció contacto con los familiares del fallecido para brindarles apoyo.
Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum afirmó que su Gobierno exigirá responsabilidades por lo ocurrido. “Vamos también a poner una denuncia en Estados Unidos porque debe haber protección a los derechos humanos”, declaró la mandataria, quien reiteró su rechazo a cualquier forma de racismo contra los mexicanos que viven en ese país.
La exigencia de México por la muerte del migrante coincide con otra investigación que involucra a funcionarios mexicanos y agentes estadounidenses. Sheinbaum calificó de “muy irresponsable” un operativo antidrogas realizado en abril en Chihuahua, en el que participó personal de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sin la autorización requerida por la legislación mexicana.
La operación se llevó a cabo contra un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara. Al regresar del lugar, el vehículo en el que viajaban dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos cayó a un barranco, lo que causó la muerte de los cuatro ocupantes.
César Gustavo Jáuregui, entonces fiscal de Chihuahua, fue detenido el sábado por presuntas irregularidades relacionadas con el caso. Según Sheinbaum, la fiscalía estatal obtuvo una orden de aprehensión por posibles delitos vinculados con el ejercicio del servicio público, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió otra por traición a la patria.
La investigación federal apunta a que el exfuncionario habría autorizado la intervención de agentes extranjeros en actividades reservadas a las autoridades mexicanas. Jáuregui renunció al cargo el 27 de abril, después de reconocer fallos institucionales en los mecanismos de información y supervisión de esa colaboración.
“¿Cómo un fiscal que tiene la responsabilidad de la procuración de justicia es el primero que viola la ley?”, cuestionó la presidenta, quien también indicó que existen otras investigaciones contra el exfiscal.
Emiliano Andrade Covarrubias permanecía bajo custodia migratoria desde junio, de acuerdo con la información expuesta por Sheinbaum. El ciudadano mexicano se encontraba en el Centro de Procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas, y padecía diabetes e hipertensión.
La mandataria señaló que, de acuerdo con los datos transmitidos por sus familiares al personal diplomático, existen indicios de que el detenido pudo no haber recibido atención médica adecuada ni todos los medicamentos que necesitaba para tratar sus enfermedades crónicas.
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“La familia lo que nos dijo es que él sufría de diabetes, hipertensión y que probablemente no tenía todos los medicamentos”, explicó Sheinbaum. La denuncia anunciada por el Gobierno mexicano busca que las autoridades estadounidenses investiguen las circunstancias del fallecimiento y determinen las responsabilidades correspondientes.
La muerte de Andrade Covarrubias es el decimoctavo caso de un ciudadano mexicano fallecido bajo custodia migratoria o durante operativos de control en Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. La Cancillería mexicana expresó su preocupación por la recurrencia de estos episodios y reclamó una investigación “pronta, exhaustiva y transparente”.
En julio, México ya había presentado demandas penales por las muertes de otros 17 connacionales bajo custodia de agentes migratorios. El Gobierno anunció que incorporará este nuevo caso a sus acciones judiciales.
La Administración de Trump llegó al poder con la promesa de expulsar a millones de inmigrantes en situación irregular. Desde entonces, decenas de miles de personas han sido arrestadas en el marco de las medidas de control migratorio.
Sheinbaum sostuvo que los consulados mexicanos deben garantizar la protección de sus ciudadanos, en especial de quienes permanecen detenidos. Al mismo tiempo, el Gobierno ha señalado que sus acciones legales por estos fallecimientos no deben afectar la relación bilateral con Estados Unidos, principal socio comercial de México.

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