
Hasta 90 personas fueron detenidas en Estambul durante una protesta frente a la redada contra activistas LGBT, según medios turcos y organizaciones de abogados. La policía local rodeó a los manifestantes frente al Palacio de Justicia de Caglayan, en el lado europeo de la ciudad, y procedió a los arrestos después de que se negaran a abandonar el lugar. Entre los detenidos había al menos dos periodistas.
La movilización ocurrió luego de una operación contra personas LGBT que incluyó registros en bares y viviendas de activistas. La investigación, identificada como “Mi familia está a salvo”, alcanzó a 162 sospechosos y dejó alrededor de 70 detenidos, de acuerdo con reportes locales. Las autoridades atribuyeron a algunos de los investigados delitos como “obscenidad”, “ayuda a la prostitución” y supuestos vínculos financieros con el extranjero.
Los manifestantes denunciaron que defender los derechos de la comunidad LGBTQ+ no constituye una falta. Una mujer identificada como Zeynep, de 44 años, afirmó que, mientras delitos graves quedan impunes, el Gobierno emprende operaciones contra activistas que “no han cometido otro delito que ser quienes son y defender sus derechos o los de los demás”.
El partido DEM, de orientación prokurda, también cuestionó el procedimiento. “El lenguaje de la paz no puede ir acompañado de la represión”, sostuvo la formación en referencia a las detenciones.
La ofensiva también alcanzó los espacios digitales. Una decisión judicial anunciada el 13 de septiembre ordenó el bloqueo de unas 20 cuentas de X vinculadas a activistas LGBT, feministas y grupos de derechos humanos. Además, fue restringido el acceso al sitio de Kaos GL, una organización que trabaja por los derechos de esta comunidad.
La medida se vinculó a una investigación de la Fiscalía de Bakirkoy sobre cuentas que, según las autoridades, difundían “contenido obsceno y propaganda LGBTQ+”. Medios turcos también informaron que las restricciones se justificaron por motivos de “seguridad nacional”.
Durante los días posteriores a las redadas, decenas de cuentas adicionales fueron suspendidas. Entre las organizaciones afectadas figuraron Amnistía Internacional Turquía, Evrensel, Academics for Peace, Lawyers for Justice, Mor Dayanisma, Kaos GL y la Asociación de Abogados por la Libertad.
La Asociación Médica Turca calificó las acciones de violaciones de derechos humanos y reclamó el fin de las políticas discriminatorias. Su posición cuestionó que la identidad de género o la orientación sexual puedan tratarse como delitos.
Las detenciones y restricciones digitales provocaron críticas del Consejo de Europa y de la Unión Europea. Michael O’Flaherty, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, expresó preocupación por las redadas, los arrestos y los bloqueos de sitios y cuentas. Señaló que las organizaciones LGBT realizan labores protegidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
O’Flaherty pidió la liberación de quienes hayan sido detenidos por actividades relacionadas con la sociedad civil y los derechos humanos, además de procesos judiciales justos. La UE también recordó a Turquía su condición de país candidato y sostuvo que debe promover los derechos humanos y la dignidad sin importar la identidad de género o la orientación sexual.
El ministro de Justicia, Akin Gurlek, defendió la continuidad de la operación pese a las críticas. La campaña forma parte de la política impulsada por el presidente Recep Tayyip Erdogan bajo la estrategia “Década de la Familia y la Población”, presentada como respuesta a la caída de la natalidad y vinculada a una visión tradicional de la familia.





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